La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo 3.38 del Código Civil del Estado de México que limita el derecho al nombre, declarando inconstitucional esa disposición.

 

Los ministros  ampararon a la quejosa al considerar que en términos del artículo 29 constitucional, en relación con el artículo 1, el derecho al nombre es un derecho humano que constituye un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona, sin el cual no puede ser reconocida por la sociedad; está integrado por el nombre propio y los apellidos y debe ser elegido libremente por la persona misma, los padres o tutores, según sea el momento del registro.

 

Por tanto, no puede existir ningún tipo de restricción ilegal o ilegítima aunque sí puede ser objeto de reglamentación estatal, siempre que no lo prive de su contenido esencial. Esa reglamentación debe incluir dos dimensiones: el tener un nombre y, la segunda, la posibilidad de modificarlo; por lo que se debe garantizar la posibilidad de preservar o modificar el nombre y apellido.

 

El artículo impugnado limita en su fracción segunda, el derecho a modificar el nombre, permitiendo exclusivamente el cambio del nombre propio, no así del apellido.

 

La Primera Sala concluyó que no existía una justificación constitucional para que el artículo 3.38 del Código Civil del Estado de México prohíba modificar el registro de nacimiento a efecto de variar uno de los elementos integrantes del nombre con el fin de adaptar su realidad jurídica a su realidad social; tal circunstancia, constituye una razón legítima, lógica, seria y atendible que justifica una necesidad actual que busca coherencia en el ámbito de la identificación personal.

 

Sin embargo, los Ministros determinaron que si bien el derecho humano al nombre implica su modificación, se debe evitar que el solicitante modifique su estado civil o filiación de mala fe o que con tal acto se contraríe la moral o se busque defraudar a terceros.

 

En el caso en particular la quejosa promovió juicio de rectificación de acta de nacimiento, mismo que el juez de lo familiar consideró improcedente, al no permitir el artículo impugnado el cambio de apellido. La quejosa interpuso amparo en contra de esta decisión pero le fue negado por el tribunal competente, razón por la cual promovió de revisión.

 

Al conceder el amparo, los Ministros señalaron que la modificación del apellido constituye una razón legítima, lógica, seria y atendible que justifica una necesidad actual que busca coherencia en el ámbito de la identificación personal, ajustando el nombre a la realidad social.

 

Finalmente, agregaron, en el caso no existe una modificación a su estado civil ni a su filiación, pues la variación del apellido no implica por sí misma una mutación en la misma cuando permanecen intactos el resto de los datos que permiten establecerla, como sería el nombre de la madre, el padre, hijo o cónyuge.

 

Este es el tercer caso en el que la Suprema Corte define los alcances del derecho humano al nombre.

 

 

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