Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará la obligación del SAT sobre revelar la información de créditos fiscales cancelados en 2007.

 

El caso tiene su origen en un amparo promovido por Jimena Ávalos Capín del Proyecto de Litigio Estratégico de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C., quién ha reclamado la inconstitucionalidad del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación (CFF), bajo la hipótesis de que el “secreto fiscal”, previsto en esta disposición no está orientado a a proteger la seguridad o intimidad de los contribuyentes sino que sirve para reservar de manera arbitraria y sistemática la información sobre el actuar del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

 

Para comprobar esta hipótesis FUNDAR, solicitó la información relativa a los créditos fiscales cancelados en 2007, misma que le fue negada con fundamento en el artículo 69 CFF, por lo que tramitaron un juicio de amparo.

 

El argumento central de la demanda es que las autoridades estatales deben regirse por la presunción de que toda información en poder del gobierno es de carácter público y únicamente podrá ser reservada de manera excepcional por razones de interés público pero el artículo 69 del CFF establece una regla absoluta de reserva.

 

El amparo fue negado, aunque en la sentencia se reconoció que la información sobre créditos fiscales cancelados no debería ser reservada con fundamento en el artículo 69 del CFF pues no se refiere a los datos personales de los contribuyentes

 

También la sentencia señala que en el acceso a la información pública debe prevalecer la máxima publicidad de los actos de gobierno y transparencia de la administración y se tiene el derecho correlativo de tener acceso libre y oportuno a la información, con las únicas limitaciones que exige la protección de la persona.

 

La sentencia considera que las autoridades del SAT realizan una interpretación incorrecta del “secreto fiscal” porque el dar a conocer nombres, cantidades y motivos relacionados con la cancelación de los créditos fiscales, no solamente no perjudica el interés público sino que va acorde con este último.

 

FUNDAR recurrió la sentencia, solicitando a la Suprema Corte que ejerciera su facultad de atracción, por lo que el asunto ahora se discute en el pleno del máximo tribunal.

 

El ministro ponente Arturo Zaldívar en su proyecto proponía al Pleno que se conceda el amparo, ya que la información de los créditos Fiscales “debe ser pública, porque constituye un gasto fiscal y su difusión contribuye a la rendición de cuentas y la transparencia de las autoridades

 

 “Es indudable que existe un interés público en que la ciudadanía conozca la forma en la que se administran los recursos públicos”, dice el proyecto, “y la información solicitada contribuye a la fiscalización del uso de esos recursos”.

 

Además, consideró que la divulgación de esta información resulta crucial para saber si el SAT se condujo con apego a los principios del artículo 134 constitucional en materia tributaria y de gasto público.

 

Sin embargo, ayer en una votación de ocho contra dos se votó a favor de la constitucionalidad del artículo, por lo que ahora los ministros discutirán si entran al fondo del asunto en suplencia de la queja y determinan si debe entregarse  o no la información por violarse el derecho a la información, o se desecha la demanda. La propuesta de desechar hasta el momento cuenta con el voto favorable de cuatro ministros.

 

El asunto se discutió este martes en el Pleno, y se decidió por mayoría de seis votos discutir sobre la legalidad de la negativa del SAT de entregar la información sobre los créditos fiscales cancelados en 2007, por lo que se negó el amparo y se desechó el asunto sin entrar al fondo del mismo.

 

 

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