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La Secretaría de Gobernación, a través del Subsecretario de Enlace Legislativo, Rubén Fernández Aceves, regresó a la Cámara de Diputados el proyecto de decreto de la Ley General de Víctimas, ya que presenta imprecisiones, por lo que el Ejecutivo “ha formulado una serie de propuestas al Poder Legislativo, con el fin de mejorar, fortalecer y enriquecer este proyecto legislativo”.

 

El funcionario señala que no se trata de un veto, sino que es un esfuerzo para mejorar la norma a fin de que garantice la protección y reparación del daño. Fernández Aceves comentó que por la importancia y trascendencia de este decreto se debería contemplar un periodo extraordinario en el Congreso de la Unión, para que aprueben esta ley ya con las observaciones consideradas y consensuadas, para que este mismo año pueda ser promulgada.

 

Uno de los temas que se cuestionan es la subsidiaridad  de la responsabilidad, ya que la ley prevé como primer responsable al Estado, siendo obligación del que comete el delito reparar el daño.

 

Asimismo proponen que la atención a víctimas se eleve a grado constitucional, para evitar que cualquier nivel de gobierno intente eludir su responsabilidad y que la Ley General de Víctimas se armonice con otras leyes como la Ley General de Salud o la Ley General de Educación, para que las disposiciones contenidas en esas leyes no constituyan un obstáculo para la atención  a víctimas. También se sugiere al legislativo se aproveche la experiencia e infraestructura que ya existe a partir  de la creación de Províctima.

 

En resumen, concluyó el funcionario “es de primera prioridad la importancia de contar con una Ley General para los tres órdenes de Gobierno en materia de atención a víctimas, que esta ley debe ser eficaz, que debe funcionar en la vida real tanto para las víctimas como para las autoridades responsables de su implementación, que no tenga lagunas por las cuales se pueda escapar algún argumento de no atención a las víctimas o algunos criterios de procedimientos administrativos que puedan complicar la existencia de este nuevo marco de derechos.”

 

La facultad para que el Poder Ejecutivo realice observaciones a un proyecto aprobado por el Congreso está prevista en el artículo 72 inciso B, que prevé un plazo de treinta días naturales para realizar observaciones a la Cámara de origen, lo cual nos lleva a preguntarnos cual fue la fecha en la que el Legislativo entregó el proyecto de Ley General de Víctimas al Ejecutivo, porque por los tiempos aparentemente lo hizo el 4 de junio, a pesar de que la ley se aprobó el 30 de abril.

 

 

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