La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó atraer la revisión de un juicio de amparo en el que en el que se califica de inconstitucional la fracción VIII del Artículo 73 de la Ley de Amparo a la luz de las reformas constitucionales materia de derechos humanos y amparo.

El asunto nace a partir de la oposición que existe en el Estado de Jalisco a la reelección del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe Álvarez Cibrián.

La reelección de este funcionario en el organismo generó las protestas de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos que promovieron cinco juicios de amparo para impugnar el procedimiento para reelegir al ombudsman de Jalisco.

Sin embargo, conforme al artículo 73 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, el juicio de amparo es improcedente en contra de las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente.

 

Así, el juez competente desechó la demanda por caer en el supuesto de esta causal de improcedencia. Los quejosos, inconformes, interpusieron recurso de revisión y el tribunal colegiado remitió el asunto a la Suprema Corte a fin de que resolviera sobre el ejercicio de la facultad de atracción para conocer el asunto.

 

La Primera Sala aceptó atraer el caso ya que se estará en la posibilidad de analizar si, a la luz de las reformas constitucionales de derechos humanos y en materia de amparo, existe la posibilidad de que los particulares puedan impugnar la designación de funcionarios cuando es decisión soberana del poder Legislativo o establecer que la Ley de Amparo se encuentra fuera del control de constitucionalidad que los particulares pueden promover.

 

La Primera Sala al resolver lo anterior argumentó que de no ejercerse la facultad de atracción se dejaría de examinar la posibilidad de introducir en los recursos de revisión planteamientos de inconstitucionalidad relativos a algún precepto de la Ley de Amparo, que se hayan aplicado en perjuicio de las partes por el tribunal de amparo, lo que únicamente puede realizar este Alto Tribunal, como supremo intérprete de la Constitución Federal, dado que a los tribunales colegiados sólo se les ha encomendado, por regla general, el control de legalidad.

 

Por otra parte, se consideró trascendente ya que se reclama la inconstitucionalidad de un precepto de la Ley de Amparo, por lo que del mismo deriva la posibilidad de fijar un criterio jurídico que impacte al orden jurídico nacional.

 

Es de destacar que las reformas en materia de amparo se publicaron el 6 de junio de 2011, y en los transitorios se estableció que el 5 de octubre de 2011 debía entrar en vigor la nueva ley de amparo, al mismo tiempo que las reformas constitucionales. Sin embargo, 267 días después de esa fecha aún no se cuenta con esa nueva ley, por lo que la propia Corte ha tenido que emitir acuerdos para implementar la reforma constitucional en espera de que se emita la nueva ley, por lo que la discusión del caso tendrá gran trascendencia si cuando llegue al Pleno, aun no se publica esa legislación.

 

 

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