La Suprema Corte de Justicia de la Nación inició esta semana la discusión de la controversia constitucional interpuesta por la Comisión Nacional  de Derechos Humanos, CNDH, en contra de las reformas al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales publicadas el 23 de enero de 2009 y que establece la "estricta reserva" en las averiguaciones previas que lleva la Procuraduría General de la República, PGR.

 

La CNDH consideró que esta reforma es inconstitucional porque limita el derecho de acceso a la información y excluye del acceso a los expedientes al organismo, afectando la eficacia y exigibilidad de los derechos fundamentales.

 

Esta última es la principal preocupación de la CNDH ya que antes de la reforma, a pesar de que los Visitadores tiene la facultad de de calificar las reserva de los entes públicos y solicitar que se les proporcione la información o documentación a ser manejada en la más estricta confidencialidad, la PGR le ha negado información a la CNDH.

 

El organismo considera que al incluirse en la reforma el término “estricta reserva” servirá de fundamento para que de forma definitiva no les permitan tener acceso  a los expedientes de las averiguaciones previas, por lo que se verán imposibilitados para investigar las denuncias de derechos humanos en materia penal federal en perjuicio de las personas que acuden al organismo.

 

El proyecto que discutirán los ministros de la Corte avala los seis párrafos que implica la reforma y sólo rechaza la reforma al tercer párrafo que establece plazos de reserva de entre tres y doce años para la entrega de "versiones públicas" de averiguaciones en las que PGR determine no ejercer la acción penal.

 

Al exponer su proyecto la Ministra Luna Ramos destacó que conforme a la exposición de motivos la reforma pretende salvaguardar el sigilo en las investigaciones y la garantía del debido proceso penal, por lo que puede considerarse que la restricción legislativa persigue un fin constitucionalmente legítimo además de que expresamente se buscó limitar la injerencia indebida de la prensa en investigaciones no concluidas.

 

Asimismo, la Ministra Luna Ramos señaló que “si bien es cierto que existe el principio de máxima publicidad y de que todos los documentos que obran en poder de las autoridades tienen el carácter de público, lo cierto es que se ha reconocido tanto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como por las Salas, que estos principios no son absolutos, y que tienen restricciones establecidas en la propia Constitución”.

 

En cuanto  a la faculta de la Procuraduría General de la República de limitar a la CNDH el acceso a los expedientes, la Ministra destacó que la Suprema Corte estableció ya que esa facultad es constitucional, siempre que se pusieran en riesgo investigaciones en curso o la seguridad de las personas, coincidiendo con los limites previstos en las fracciones I y II del artículo 6° constitucional, los cuales admiten excepciones al acceso a la información pública para proteger el interés público, la vida privada y datos personales.

 

Si la Corte no define el alcance de la frase “estricta reserva” y los casos en que la PGR puede impedir a la CNDH el acceso a los expedientes, las facultades de la CNDH se verán severamente limitadas en la materia penal.

 

 

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