Por tercera vez, el Instituto Federal de Acceso a  la Información (IFAI) ha ordenado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de a conocer la lista con los nombres y montos de los beneficiados de la cancelación de créditos fiscales por 73 mil 600 millones de pesos durante 2007.

 

El SAT reiteradamente se ha negado a entregar esta información, habiendo llegado el asunto hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

 

El IFAI  presentó una controversia constitucional por actos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se excedió en sus atribuciones, según dice en un documento, al conciliar con el SAT lo ordenado por el IFAI alegando el derecho a la privacidad de terceros, pero la controversia fue rechazada al no tener el organismo facultades para promover controversias constitucionales.

 

En su decisión sobre el recurso de revisión, el IFAI establece que la lista final debe incluir nombre de las personas físicas y morales a quienes se cancelaron los créditos, número de crédito, motivos de generación del crédito fiscal, motivos de cancelación de los créditos fiscales y monto del crédito.

 

Respecto a los nombres de las personas, el SAT había manifestado que esta información se encontraba reservada por 12 años pues afectaría la protección de datos y el secreto fiscal que está obligado a tutelar.

 

La comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, propuso fortalecer la resolución con la inclusión en el expediente de la sentencia del expediente 1767/2010 relacionado con un amparo promovido por una particular que requirió los nombres de las personas a las que les fueron cancelados créditos fiscales.

 

La sentencia establece que: “La interpretación del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación debe ser en sentido de que el secreto fiscal se refiere a datos personales, patrimoniales, de ingresos y deducciones relativas a las declaraciones de impuestos de los contribuyentes (…); mas no a aquella información que tenga que ver con las cancelaciones de créditos, pues al corresponder con las contribuciones que deja de recibir el erario, ésta debe de ser del conocimiento público.

 

“La información referente a cancelación de créditos fiscales no puede clasificarse como secreto fiscal, porque el dar a conocer nombres, cantidades y motivos, no perjudica el interés público. La ciudadanía está interesada en que en el manejo de los recursos públicos exista la mayor transparencia posible para verificar que su aplicación se haga a favor de la sociedad y no para beneficiar un individuo o grupo en particular”.

 

Según el SAT, la Ley de Ingresos de la Federación de 2007 facultó a las autoridades fiscales para que llevaran a cabo la cancelación de créditos fiscales en los casos en los que existiera imposibilidad práctica o incosteabilidad de cobro.

 

Dicen que la tercera es la vencida, pero difícilmente el SAT atenderá este nuevo requerimiento ya que lleva casi cuatro años haciendo uso de todos los recursos legales posibles para eludir estos requerimientos.

 

 

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