El pasado tres de febrero se hizo público el proyecto de dictamen elaborado por el ministro de la Corte, José de Jesús Gudiño Pelayo, sobre las presuntas violaciones a las garantías individuales, cuando se suscitaron los penosos hechos de Atenco el 3 y 4 de mayo del 2006.

Se trata de un documento de 929 páginas en el que se analizan al detalle los hechos, las consecuencias, la forma en que se desempeñaron las autoridades policíacas y el marco legal del mismo, así como de los derechos humanos violentados.

Dentro del documento se destaca que en ninguno momento la instrucción de la policía haya sido agredir a los ciudadanos de Texcoco y Atenco, sino que fue consecuencia del desarrollo de los mismos hechos, que provocaron que la situación saliera de control.

Lo más grave que destaca este documento es que los hechos de Texcoco y Atenco también se debieron a la impericia y falta de profesionalismo de los cuerpos policíacos y sobretodo a su falta de capacitación. Por ejemplo, se destaca el hecho de los elementos de la policía no sabían del manejo de las bombas lacrimógenas, las cuales fueron, por ignorancia, arrojadas hacia las personas en lugares cerrados, y no hacia arriba en lugares abiertos, como debe ser.

Esta impericia y falta de profesionalismo es una constante en general en todas las policías del país, como ejemplo más reciente tenemos el caso de la discoteca News Divine. A este respecto, la semana pasada los medios de comunicación criticaron severamente al poder judicial por haber dejado libres bajo fianza a los policías acusados del homicidio de los jóvenes, ya que cambió el tipo del delito de homicidio doloso a culposo. Pero se trata ésta de una decisión acertada toda vez que los policías no tenían la intención de matar a nadie, sino que por su impericia, se llegó a ese lamentable resultado. Cabe señalar además, que el hecho de que estén libres bajo fianza no es indicativo de que se hayan declarado no culpables, ya que siguen sujetos a proceso.

Respecto del documento de la Corte, los medios de comunicación han solicitado que se den a conocer a los culpables de los hechos, pero la Corte solo tiene facultad de investigación los hechos en los que se supone que existió una grave violación a las garantías individuales y no de señalar culpables.

En el caso de Atenco la conclusión de la Corte es que el marco legal que existe actualmente es insuficiente ya que no se regula el margen de actuación de la fuerza pública.

Fuente La Jornada

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