Ayer se cumplieron tres años del incendio de la Guardería ABC en Hermosillo Sonora, en el que murieron 49 niños, por lo que es necesario recordar los términos del Dictamen emitido el catorce, quince y dieciséis de junio de dos mil diez por el Tribunal Pleno en la facultad de investigación 1/2009.

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación revisó el caso con base en la facultad de investigación sobre violaciones graves a derechos humanos previstas en el artículo 97 de la Constitución Política.

 

Concluída la investigación, el Pleno de la Corte discutió durante tres días en el mes de junio de 2010 el caso y emitió un  dictamen en donde concluyó que existieron violaciones graves de garantías individuales.

 

El considerando Séptimo del Dictamen señala que existieron “múltiples omisiones por parte de determinadas autoridades… consistentes en la omisión de cumplir de forma efectiva la legislación aplicable para el funcionamiento de la Guardería ABC; la verificación y vigilancia del cumplimiento de requisitos para su operación, como tal, y en el rubro de protección civil; la vigilancia y seguimiento del número y la capacitación del personal de la guardería; el cumplimiento de los requisitos y de vigilancia respecto de los inmuebles aledaños a aquélla; así como la capacidad de respuesta…; todo lo cual, originó que, ante las condiciones en que operaba dicha guardería, se dieran los lamentables resultados del día cinco de junio de dos mil nueve”

 

La Suprema Corte determinó que con esas omisiones se violaron diversos derechos humanos, específicamente, derechos del niño y el principio de interés superior, el derecho a la protección de la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la seguridad social y el derecho a la salud.

 

Señalando en su exposición que “si las autoridades involucradas hubieran cumplido sus deberes constitucionales… en ningún caso hubiera tenido lugar una tragedia de las dimensiones como la que ocurrió”.

 

El Dictamen señaló como autoridades responsables al Delegado Estatal del IMSS en Sonora, Arturo Leyva Lizárraga; al Titular del Departamento Delegacional de Guarderías, Noemí López Sánchez; al Titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, Wilebaldo Alatriste Candiani; Director General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda estatal, Fausto Salazar Gómez; Subdirector de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda estatal, Jorge Luis Melchor Islas; Director de Inspección y Vigilancia Municipal, Jesús Davis Osuna; y Director de la Unidad de Protección Civil Municipal, Roberto Copado Gutiérrez.

 

Respecto al caso particular de Juan Molinar Horcasitas, quien era Director General del IMSS cuando se autorizó la operación  de  la Guardería ABC, aunque el proyecto general establecía la responsabilidad de este funcionario público, el dictamen final señala que “si bien es cierto que este funcionario firma el contrato de subrogación, lo cierto es que hay una relación jerárquica que de alguna manera delega ciertas facultades, sobre todo de comprobación, que se establecen tanto en el Reglamento del Seguro Social, como en los Acuerdos correspondientes; respecto del Delegado, quien es el que se encarga de la verificación específica de todos los requisitos que debe de cumplir el contrato que se firma en este sentido”.

 

Y continúa diciendo “Por lo tanto, no puede atribuírsele al otrora Director General del Instituto, el involucramiento en la violación de garantías individuales por el sólo hecho de haber suscrito, en su carácter de representante del Instituto Mexicano del Seguro Social, el contrato de prestación del servicio de guardería”.

 

Si bien, la Corte tiene razón en cuanto a que no tenía responsabilidad directa, si tenía una responsabilidad moral y política, por lo que se debió haber separado de su cargo como Secretario de Comunicaciones y Transportes y haber ofrecido una disculpa a los padres.

 

De todas las autoridades responsables, sólo Arturo Leyva Lizárraga y Noemí López Sánchez se encuentran sujetos a proceso en el Cereso Uno de Hermosillo Sonora. También estan sujetas a proceso Yadira Barreras y Delia Irene Botello, ex coordinadoras en el IMSS a las que también se les atribuye responsabilidad penal en el caso ABC.

 

Las autoridades han señalado a 39 personas con algún grado de responsabilidad, sin embargo, de éstas apenas 29 han aparecido en causas penales y 17 han pisado prisión y salido libres bajo fianza.

 

 

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