Una constante a la que se enfrentaban las autoridades de seguridad pública federal y estatales era lo complicado que resultaba deshacerse de los malos elementos, por lo que se reformó el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal para sujetarlos a un régimen especial y separarlos de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes señalen para permanecer en dichas instituciones, o sean removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones, pero sin que pudieran ser reinstalados.

 

A partir de la aplicación de esta disposición han existido criterios encontrados por lo que la Segunda Sala, al resolver una contradicción de tesis, ratificó que aquellos que realicen efectivamente la función de policía, sujetos a la carrera policial en los términos señalados en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con funciones similares de investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública se regirán por sus propias leyes y podrán ser separados de sus cargos en términos del  artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal.

 

La Segunda Sala explica que esta disposición establece un régimen excepcional para el personal operativo de las instituciones de seguridad, que garantiza a la sociedad una labor sustentada en los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos y que satisfaga los fines generales de la seguridad pública, es decir, que se salvaguarde la integridad y derechos de las personas, se preserven las libertades, el orden y la paz públicos.

 

En virtuid de este régimen especial, si la autoridad jurisdiccional resolve que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de un policía fue injustificada, el Estado solo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho el trabajador, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.

 

En tanto el personal administrativo de las instituciones policiales, mantendrán una relación de naturaleza laboral, por lo que en esos casos, si podrán ser reinstalados en sus puestos ya que sus actividades no se relacionan directamente con la función de policía.

 

 

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