A través de un programa impulsado por el gobierno del estado de Chihuahua para que procesados indígenas alcancen los beneficios que la ley otorga a los reos y que por ignorancia o falta de oportunidad no se hacen efectivos, dos personas pertenecientes a la etnia rarámuri fueron liberados de forma anticipada.

 

José Félix Bejarano Ramos y Patricio Bejarano Ramos fueron sentenciados en 2003 por el delito de homicidio en contubernio, durante una riña, habiendo recibido una sentencia de 11 años de cárcel.

 

Ambos recibieron el beneficio de la libertad anticipada, José Félix  por su precario estado de salud al padecer hipertensión arterial y enfermedades cardiacas y Patricio  al haber cumplido más del 50 por ciento de su pena y presentar buena conducta, además de que repararon económicamente el daño.

 

La libertad otorgada no es absoluta, por lo que los procesados quedarán bajo la custodia de la Coordinación Estatal de la Tarahumara, para que realicen las gestione y  trámites de necesarios para obtener la libertad plena.

 

José Félix y Patricio, al igual que otros muchos indígenas en su juicio no tuvieron la asesoría adecuada, no contaron con el apoyo de un traductor o intérprete que les hubiera permitido entender su proceso penal y tampoco habían tenido acceso  a un abogado que les asesorara para obtener su libertad, por las mismas limitaciones.

 

Esta es una problemática común que se presenta en todo el país por lo que inclusive la Suprema Corte de Justicia ha ordenando la liberación inmediata de indígenas a los cuales no s eles respetaron sus garantías.

 

Conforme al artículo 2°, apartado A, fracción VIII de la Constitución, los indígenas tienen el derecho de acceder plenamente a la justicia, para lo cual deberán contar con intérpretes y defensores que conozcan su lengua, usos y costumbres.

 

En la mayoría  de los casos no se cumple con esta garantía, ya que existen pocos abogados defensores que cumplan con estos requisitos. Por ejemplo, al menos hasta el 2009, en el Instituto Federal de Defensoría Pública, sólo existían 25 abogados defensores conocedores de alguna cultura indígena y hablantes de esa lengua.

 

Este programa chihuahuense es un gran avanza que podrá beneficiar a casi 300 indígenas que se encuentra en las cárceles del Estado. En el programa participa  como Intérprete y Traductora en Lenguas Indígenas la abogada Rosa Candelaria Moreno González, quien también pertenece a la etnía raramurí.

 

 

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