En el IV Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia el Presidente Calderón hizo un llamado para que se apruebe el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales para acelerar la implementación de la reforma penal aprobada en 2008.

 

Aseguró que "posponer su aprobación es un obstáculo a la urgente modernización de la justicia" y una "irresponsabilidad”, por lo que exhortó al Congreso a celebrar un período extraordinario para la aprobación de este ordenamiento.

 

El Presidente de la República presentó una iniciativa en septiembre de 2011 para reformar el CFPP pero la propuesta fue duramente criticada por diversas organizaciones de protección de derechos humanos.

 

Esas organizaciones señalaban en un manifiesto publicado en abril de este año, que la propuesta del Ejecutivo Federal desestima las recomendaciones de los órganos de Naciones Unidas, del sistema interamericano así como la jurisprudencia de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

Las principales críticas a la iniciativa se centraban en que los cateos y operaciones  encubiertas y de agentes infiltrados puedan realizarse sin necesidad de una orden judicial, que se amplíe el catálogo de delitos graves incluyendo supuestos distintos a los previstos  en el artículo 19  de la Constitución y contemple excepciones a la regla de exclusión de pruebas ilícitas, lo cual es incompatible con el principio de legalidad.

 

Al final del último periodo de la LXI legislatura que está por concluir, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados presentó el dictamen de la iniciativa que llamaron nuevo Código Federal del Proceso Penal Acusatorio al pleno, sin embargo la insistencia de incluir estos temas en controversiales en el ordenamiento y no recoger las observaciones que diversas organizaciones de derechos humanos habían realizado, hizo que diversos diputados se manifestaron  en contra del dictamen, por lo que no se aprobó.

 

Es por lo anterior que hasta el momento no existe un ordenamiento aprobado y seguramente la Legislatura actual ya no abordará este tema y corresponderá a los nuevos diputados y senadores discutirlo, sin embargo, el tiempo se agota ya que las reformas del nuevo sistema penal acusatorio entrarán plenamente en vigor dentro de cuatro años.

 

 

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