Cuando en abril de 2009 se presentó en nuestro país el brote de influenza A/H1N1, la Secretaría de Salud afrontó “la gravedad de las consecuencias de la auto prescripción con antibióticos en nuestro país”, por lo que el 27 de mayo de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un “Acuerdo por el que se determinan los lineamientos a los que estará sujeta la venta y dispensación de antibióticos” para evitar que estos se vendieran sin receta.

 

El pasado miércoles, el diario La Jornada informó que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito había confirmado la inconstitucionalidad del citado acuerdo, al dar trato diferenciado a los vendedores de antibióticos y atentar contra la libertad de comercio, además de que no fueron debidamente justificados. De confirmarse esta decisión por parte del Tribunal, se estaría privilegiando la libertad del comercio sobre el derecho a la salud.

 

Sin embargo, al intentar ratificar esta información surgieron notas contradictorias.

 

Por un lado La Jornada afirma que el pasado 15 de mayo el citado Cuarto Tribunal resolvió que “los lineamientos no se aplican de manera igual a los vendedores de antibióticos, porque aquella norma excluye de su ámbito, sin justificación alguna, a los laboratorios y grandes distribuidores que, al igual que los quejosos, se dedican a la venta de antibióticos”.

 

Asimismo, informa que el fallo del Tribunal Colegiado indica que prohibir a los quejosos la venta de antibióticos sin receta médica viola la garantía de libertad de comercio contenida en el artículo quinto de la Carta Magna, porque no existe una justificación jurídica válida para impedir a las farmacias que desarrollen actividades lícitas como expender productos que se encuentran legalmente dentro del comercio, máxime cuando no existe una prueba válida en la exposición de motivos que sustente el interés de la sociedad y que pretenda proteger sus derechos

 

Pero por otro lado, el periódico Reforma publicó el 23 de noviembre de 2011 que el citado Tribunal Colegiado había declarado la constitucionalidad del acuerdo señalando que "se advierte que el acuerdo está dirigido a regular la venta de antibióticos al menudeo a la población en general, independientemente de si se trata de un laboratorio, un gran distribuidor o una farmacia, pues claramente señala que está obligado a exigir la receta para su venta todo establecimiento que venda o dispense antibióticos al menudeo al público en general”.

 

"Es perfectamente lógico que se controle y regule la venta, para lograr que los (antibióticos los) consuman únicamente quienes en verdad los requieren", concluyó el tribunal, "por lo que la exigencia de presentar la receta es adecuada y proporcional para solucionar el problema de salud pública".

 

Finalmente el día de hoy, sin retractarse de su nota, La Jornada publica que el acuerdo que prohíbe la venta de antibióticos sin receta está vigente, según información proporcionada al diario por el área jurídica de la Secretaría de  Salud, y que  "en apelación, la Secretaría  ganó el asunto, pues ya no se confirmó la sentencia en el tribunal de alzada".

 

De existir o no un amparo en contra del acuerdo que inhibe la venta de antibióticos sin receta, no tendría efectos generales y sólo beneficiaría a aquellas personas que lo hubiesen promovido, aunque sería un mal precedente.

 

Esto nos lleva a confirmar que no debemos creer todo lo que leemos.

 

 

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