La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, desechó en definitiva las controversias constitucionales promovidas por el Gobierno de Oaxaca y los municipios de Santa María y San Miguel Chimalapa contra el Gobierno Chiapas, por más de 106 mil hectáreas de selva.

 

La Corte rechazó este caso ya que considera que se trata de un conflicto territorial entre Estados, y conforme al artículo  vigente, corresponde a la Cámara de Senadores resolver este tipo de conflictos conforme al artículo 76 fracción XI de la Constitución.

 

Previamente, el 8 de febrero de este año los Senadores, a través del presidente de esta cámara, el panista José González Morfín,  señaló que en estos momentos era “absolutamente inviable” atender el caso, ya que el  15 de diciembre fue aprobada en esa Cámara la reforma constitucional que devuelve esa facultad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

La semana pasada esta reforma fue aprobada por la Cámara de Diputados y pasó a las Cámaras locales para su aprobación. Una vez que 17 congresos estatales la aprueben, podrá ser publicada en el Diario Oficial y las partes podrán acudir nuevamente a la Corte para resolver el conflicto.

 

Al presentar su caso, Oaxaca alegó que no se trataba de un conflicto por límites territoriales, ya que estos fueron definidos en distintas ocasiones por la Corona española (marzo de 1687), por el México Independiente (1850), y en marzo de 1967 por las Resoluciones Presidenciales de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, por lo que se trata de una invasión, pero el argumento no fue admitido por la Corte.

 

El conflicto se inició el 23 de noviembre del año pasado cuando el gobierno de Chiapas, en una modificación a su Constitución creó cuatro municipios, incluyendo el municipio de Belisario Domínguez en la zona del Valle Zoque y que presuntamente se encuentra en territorio oaxaqueño.

 

Las autoridades municipales zoques de San Miguel y Santa María Chimalapa, además de las controversias constitucionales, promovieron dos juicios de amparo ante el Juzgado Quinto de distrito, con sede en Salina Cruz, obteniendo la suspensión provisional que prohíbe a las autoridades de Chiapas ejecutar acciones de obra pública en la zona del conflicto agrario. Sin embargo, en el poblado Rodulfo Figueroa, cabecera de Belisario Domínguez, sigue la construcción del palacio municipal.

 

Así que el conflicto está lejos de concluir y si no es atendido, puede terminar en forma violenta.

 

Este es uno de esos casos en que la realidad va más rápido que el Derecho.

 

 

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