Hace dos años en Ciudad Juárez Chihuahua, el joven de quince años, Sergio Hernández Guereca, fue muerto de un disparo en la cabeza en territorio mexicano, por un policía fronterizo que se encontraba del lado americano.

 

El viernes 27 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos a través de la Oficina de la Fiscalía en Texas, señaló que “después de entrevistar a 25 agentes y testigos, además de analizar la evidencia de la escena del tiroteo, videos civil y de vigilancia, el tráfico de radio de la policía, grabaciones del 911, los expedientes de capacitación y sobre el uso de la fuerza del agente, no existen pruebas suficientes” para presentar cargos en contra del agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza por homicidio o un cargo por violar los derechos civiles.

 

El Departamento de Justicia criminaliza a la víctima al señalar en su declaración que “condujo una pesquisa integral y meticulosa sobre el tiroteo, que ocurrió cuando contrabandistas intentando hacer un cruce ilegal tiraron piedras a corta distancia contra el agente de la CBP”.

 

La investigación buscó determinar si existieron violaciones a las leyes criminales de los derechos civiles o del estatuto federal de homicidios, indicó la institución, señalando que se evaluaron elementos como el “uso razonable de la fuerza” o si consistió en un “acto de auto defensa a la amenaza creada por un grupo de contrabandistas lanzando piedras al agente y al detenido”.

 

“La investigación encontró que en este caso el agente no actuó de manera inconsistente con la política de la CBP o con su entrenamiento en relación con el uso de la fuerza”, concluyó.

 

Por otra parte, el Departamento de Justicia determinó que no procedían cargos federales de homicidio porque el agente no actuó deliberadamente para hacer algo que la ley prohíbe.

 

Las autoridades norteamericanas reconocen que el homicidio ocurrió en territorio mexicano al declarar que “la investigación determinó que Hernández Guereca no estaba dentro de las fronteras de Estados Unidos ni presente sobre una propiedad de los Estados Unidos”.

 

Por su parte, el gobierno mexicano envió una nota diplomática de protesta y a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, advirtió que se analizarán detalladamente los términos de la determinación estadounidense a fin de proceder por vías adicionales en los ámbitos bilateral y multilateral, además de que se hará uso de todos los instrumentos diplomáticos y jurídicos internacionales a su alcance. 

 

En enero de 2011 se presentó una solicitud de detención provisional con fines de extradición en contra del agente involucrado, la cual fue denegada el viernes con base en la decisión anunciada, pero eso no significa que el caso abierto por las autoridades mexicanas esté concluido, dice la SRE. “Asimismo, continúan vigentes los reclamos que los familiares del menor han presentado por la vía civil ante tribunales estadounidenses, contando para ello con la asistencia jurídica y consular necesaria", concluyó el vocero de la Secretaría.

 

El caso representa un conflicto internacional de derecho, porque al reconocer el gobierno estadounidense que el homicidio no ocurrió en su territorio, ellos no tienen jurisdicción en el caso y su investigación se limita a analizar la actuación del policía, pero las consecuencias que dicha actuación tuvo fueron en México por lo que el caso amerita ser investigado y procesado por las autoridades mexicanas.

 

En los últimos dos años se han presentado ocho casos de presuntos abusos de la Patrulla Fronteriza, Border Patrol, pero en todos ellos los responsables han sido exonerados.

 

 

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