En la Cámara de Senadores se han presentado diversos casos de conflictos territoriales entre estados, siendo el más reciente entre Oaxaca y Chiapas por la región de los Chimalapas,  pero finalmente el Congreso de la Unión ha decidido regresar esa facultad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

Esa facultad perteneció a la Corte hasta el 8 de diciembre de 2005, fecha en la que se modificaron los artículos 46, 73, 76 y 105  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para otorgar al Senado la facultad de resolver de manera definitiva los conflictos sobre límites territoriales de las entidades federativas que así lo solicitaran.

 

Así, conforme al artículo tercero transitorio de ese Decreto se obligó a la Suprema Corte a entregar al Senado los cuatro expedientes que en ese momento existían sobre conflictos territoriales entre  Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Jalisco, Colima, algunos vigentes desde 1997.

 

Pero al existir actuaciones judiciales previas, el Senado se consideró incapacitado para resolver los conflictos, ya que no podía “invalidar las actuaciones jurisdiccionales hasta entonces radicadas en la Suprema Corte o tomar en consideración lo actuado y repercutirlas en un dictamen”.

 

Es por ello que siete años después, el Congreso decide regresar a la Corte la facultad de conocer, sustanciar y resolver con carácter de inatacable, las controversias sobre límites territoriales que se susciten entre las entidades federativas, en caso de que no exista un convenio amistoso entre los las partes en conflicto.

 

En esta nueva reforma, que ha pasado a discusión y aprobación de los congresos locales, no se hace referencia a los cuatros expedientes que hace más de diez años están sin resolver, y que seguramente no serán resueltos en el corto plazo, dejando en la incertidumbre jurídica a los Estados y a los ciudadanos que habitan en las regiones en conflicto.

 

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