En el combate al crimen organizado se han presentado diversos incidentes en los que han fallecido personas inocentes al ser confundidas con miembros de bandas criminales, al encontrarse en fuego cruzado o por un uso excesivo de la fuerza por parte de los representantes de la autoridad. Inclusive la Comisión Nacional de Derechos en su informe de 2011 destacó que en la lucha entre la delincuencia organizada y las fuerzas del orden al menos 43 personas ajenas a cualquier hecho delictivo murieron.

 

Finalmente, después de seis años de una lucha contra el crimen organizado y una Recomendación General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de por medio, el día de ayer la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Procuraduría General de la República emitieron normatividad para el uso legítimo de la fuerza por parte del personal de éstas dependencias. La Secretaría de Marina cuenta con estas disposiciones desde octubre de 2009.

 

El uso legítimo de la fuerza regula el empleo de la fuerza física y armas de fuego contra personas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Los documentos coinciden en que su creación obedece a la protección de los derechos humanos en el cumplimiento de su deber, estableciendo los principios de oportunidad, proporcionalidad, necesidad, racionalidad y legalidad para el uso de esa fuerza.

 

En general, la fuerza pública se usará de forma progresiva, iniciando con la presencia disuasiva, la persuasión verbal, el control físico de movimientos, la utilización de fuerza no letal, hasta la utilización de fuerza letal.

 

Un punto a destacar en esta normatividad es que se regula la actuación tanto de la Marina como del Ejército en los retenes o puntos de revisión en donde se han presentado incidentes con consecuencias fatales.

 

Al respecto, la Secretaría de Marina incluye en su normatividad conceptos como Disparo de Advertencia, empleado para hacer saber al transgresor de la ley que detenga su actividad ilícita y Disparo Discapacitante, el que se dirige a una parte de la estructura o contra los mecanismos de gobierno, motor o neumáticos de una embarcación o vehículo a fin de lograr que se detenga.

 

La Secretaría de Marina autoriza a su personal el uso de armas letales en contra de vehículos o personas que huyan o traten de huir de una inspección, "a pesar de que existan sospechas fundadas, debiéndose concretar el personal naval a realizar la persecución física". 

 

Cuando  el conductor haga caso omiso a las indicaciones para detener su marcha en un puesto de control, solamente se podrá emplear armas letales en respuesta a una agresión armada que represente peligro inminente de lesiones graves o muerte, o cuando el presunto infractor intente colisionar con su vehículo al personal naval. En cualquier otra circunstancia, se intentará detener la marcha del vehículo empleando armamento incapacitante no letal, como las trampas poncha-llantas, procediendo a realizar la persecución física si la situación así lo permite. 

 

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional señala que el Personal Militar no accionará armas de fuego en contra de personas cuando evadan, huyan o traten de huir, salvo que realicen actos de Resistencia agresiva grave, es decir, que usando armas o sin ellas, intenten causar  lesiones graves o la muerte; o con el objeto de detenerlas o impedir su fuga si oponen resistencia a la autoridad y representen un peligro inminente de muerte o lesiones graves y resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos.

 

Solo en el caso de que el conductor de un vehículo o la tripulación de una embarcación no obedezcan la indicación de detener su marcha o su navegación, y esta acción implique una amenaza real e inminente de que se causará un mal grave, harán uso de la fuerza

 

Asimismo, se establecieron medidas para la detención y puesta a disposición de personas , así como para el procesamientote de indicios  y cadena de custodia de la evidencia, sin embargo, en estos supuestos no se reconoce la participación de las fuerzas armadas, por lo que el tema deberá ser también regulado.

 

Esta normatividad cubre un vacío legal que existía desde que se inició la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública, sin embargo, su efectividad sólo se verá con el tiempo.

 

 

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