El día de ayer en diversos diarios se publicó una nota en la que informan que Fernando Martínez Solís fue sentenciado a 27 años y seis meses de cárcel y pagar la cantidad de 47 mil 257 pesos, a pesar de que presuntamente actuó en defensa propia.

 

De acuerdo con los hechos, Martínez Solís estaba afuera de una tienda de abarrotes en la colonia Popular Santa Teresa, delegación Tlalpan, Distrito Federal, cuando Gabriel Hurtado Ramírez se le acercó para pedirle dinero. Martínez Solís se negó y el asaltante sacó un cuchillo y luego de un forcejeo, el ahora sentenciado logró quitarle el arma pero lesionó en el cuello al asaltante.

 

Las heridas, provocaron que Hurtado Ramírez falleciera en el Hospital General Ajusco poco después. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal señaló que el homicida fue detenido cuando salía de su domicilio para intentar huir al estado de Hidalgo.

 

En atención a esta nota, es conveniente retomar lo que ya señalábamos en nuestro blog sobre la defensa propia o legítima defensa.

 

La doctrina y los criterios de la Corte establecen como requisitos para la legítima defensa: a) la existencia de una agresión real, actual, sin derecho. La agresión se entiende cualquier movimiento corporal hecho por el atacante que lesione o hubiere lesionado la integridad personal del agredido; b) un peligro inminente e inevitable derivado de ésta; y, c) una defensa proporcional a la agresión.

 

No contamos con toda la información necesaria sobre el caso, pero es probable que el juzgador haya considerado que  no existió la legítima defensa, ya que una vez desarmado el asaltante, no existía una agresión real o un peligro inminente, además de que se puede considerar que la defensa fue desproporcionada al apuñalar Martínez Solís a su asaltante.

 

Inclusive existe un criterio de la Corte que señala que “la reacción defensiva efectuada cuando ya se habían consumado el ataque y el peligro que se pretende la motivaron, no puede considerarse como legítima defensa ni exime de responsabilidad penal al agente activo del delito”.

 

Es un error que los medios califiquen que en este caso existió legítima defensa, si no conocen las circunstancias exactas del caso, ya que se genera desinformación.

 

 

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