En los municipios de Actopan y Alto Lucero, Veracruz,  la compañía canadiense Goldgroup Mining Co, a través de su subsidiaria CANDYMIN, S.A de C.V.,  inició actividades de exploración minera del proyecto denominado Caballo Blanco, que ha enfrentado una fuerte oposición por parte de la comunidad por lo que la organización Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LaVida) ha promovido una denuncia ante la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (PROFEPA) por violar la autorización de manifestación de impacto ambiental de exploración minera.

 

La organización destaca en su denuncia que en la autorización que otorgó la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) quedó expresamente prohibido a la minera la remoción de cycadas Dioon edule; afectar a la flora y fauna de la zona del proyecto o en sus inmediaciones; realizar obras adicionales que no estén consideradas en el proyecto; depositar, descargar o verter algún tipo de desecho o contaminante; afectar las áreas aledañas al proyecto y dejar desechos o residuos que afecten esas zonas, entre otras condicionantes. Sin embargo, la agrupación ha presentado evidencia ante la PROFEPA de que la empresa minera ha violado estas condicionantes.

 

En términos de la propia autorización por estos incumplimientos se debería de invalidar el alcance de la misma y es obligación de la PROFEPA exigir la suspensión de las obras y actividades autorizadas.

 

Es por ello que la agrupación está requiriendo a la Procuraduría para que se clausuren las obras y no se autorice a la subsidiaria de la explotación de la mina.

 

El gobierno del estado de Veracruz también se ha manifestado en contra de este proyecto, aunque la autorización definitiva depende de las autoridades federales al ser la minería competencia del ejecutivo federal.

 

El método que pretende utilizar la minera para explotar la zona es una mina a cielo abierto, basada en cianuro, sistema que provoca un gran daño ecológico. Como parte del proceso se cavan cráteres gigantescos que pueden llegar a tener más de 150 hectáreas de extensión y más de 500 metros de profundidad.

 

Ante la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la reforma al quinto párrafo del artículo 4 de la Constitución del pasado 8 de febrero, que establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar que el Estado garantizará el respeto a este derecho, el panorama podría cambiar.

 

Como sucedió en 2010 en Argentina, en donde el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy, amparó a los vecinos de las regiones de Ticara y Juella en contra de la autorización de una mina a cielo abierto considerando que los daños causados al medio ambiente, una vez producidos, resultan en la práctica de casi imposible reparación, la presunción de que por lo menos existe la posibilidad o el peligro cierto de que las tareas de las mineras en la zona produzcan contaminación, y conlleven un daño ambiental y que no es posible prescindir de la preservación del derecho a un ambiente sano y no contaminado, Derecho Humano Fundamental.

 

 

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