La iniciativa de reformas al Código de Procedimientos Penales, el Código Penal y la Ley Federal de Telecomunicaciones para la geolocalización de celulares, entre otros aspectos,  tiene como principal objetivo el proveer a las autoridades de herramientas de investigación más eficaces para delitos como la delincuencia organizada, secuestro, extorsiones y amenazas.

 

Pero existen opiniones que cuestionan estas reformas. ALT1040 informa que Electronic Frontier Fundation (EFF), una organización internacional sin fines de lucro que defiende los derechos digitales, advierte sobre “un gran potencial para el abuso de estos nuevos poderes”.

 

La EFF destaca que con las reformas las autoridades pueden tener acceso a información precisa, exhaustiva y detallada sobre las actividades cotidianas de una persona, porque la mayoría de los teléfonos celulares hoy en día constantemente transmiten datos minuciosos de localización del usuario de un móvil, que son almacenados por el proveedor de servicios de telecomunicaciones.

 

La fundación pone como ejemplo el caso del político alemán Malte Spitz. Spitz, con base en la Ley Federal de Datos alemana demando a su antigua compañía de celular, para que le entregara la información que sobre él tenía almacenada. Después de un acuerdo, la empresa le entregó parte de la información, consistente en 36,000 registros, conteniendo datos como día, hora de inicio, hora de conclusión, tipo de servicio, latitud, longitud, dirección, célula de entrada y de salida.

 

Con la ayuda del sitio ZEIT Online pudo realizar una animación que registra su actividad a lo largo de seis meses, apoyados con la información que splits publicó en Twitter, Facebook, su blog, etcétera. “El perfil digital permite saber cuándo Spitz cruza la calle, cuánto toma un tren, cuándo está en un avión, dónde estuvo en las ciudades que visitó, cuándo trabajó, cuándo durmió, cuándo mandó un mensaje de texto, a qué cervecerías fue”. La vida completa dice Zeit Online http://www.zeit.de/datenschutz/malte-spitz-data-retention

 

El registro del movimiento de los teléfonos móviles es parte del funcionamiento normal de una red celular. Cada siete segundos aproximadamente, el teléfono celular determina cuál es la torre más cercana para conectarse y registra el ingreso y la salida de una llamada.

 

¿Es malo que se registre esta información? Depende del uso que se le dé a la información y como se accede a ella.

 

En Estados Unidos esta información y tecnología es necesaria para el servicio de emergencias 911. La Federal Communications Commission (FCC) obligó a las compañías proveedoras de servicio a desarrollar tecnología para localizar el móvil del cual se está pidiendo ayuda. Las distintas técnicas permiten localizar la posición del celular donde salió la llamada, con la latitud y longitud en que se encuentra el teléfono, con una exactitud de entre 50 y 300 metros. Incluso algunos expertos afirman que la localización puede ser tan precisa que llega a presentar un margen de error de sólo diez metros.

 

Inclusive en nuestro país Movistar está ofreciendo el servicio “Localízame”, en el que te envían  un mensaje de texto acompañado de un mapa donde se indica la posición aproximada del usuario, la calle en la que se encuentra, población y código postal entre otros. Para las zonas urbanas tiene un margen +/- de 2 km. a 200 mros y de 5 a 20 km. en zonas rurales.

 

Se supone que las autoridades usarán esta información para la localización geográfica en tiempo real de un aparato de comunicación. Y la información que recibirán en teoría está limitada, ya que las reformas definen como localización geográfica en tiempo real, la “ubicación aproximada en el momento en que se procesa una búsqueda de un equipo terminal móvil asociado a una línea telefónica determinada”, es decir, las autoridades sólo podrían recibir la información respecto de donde se localiza el teléfono en los momentos en que lo reporten, no accederían al historial de registros del teléfono.

 

Pero este límite no es tan claro en el caso del secuestro, porque el artículo 25 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos autoriza al Ministerio Público pedir “la información relativa al número telefónico que se le indique y los datos del usuario registrado como cliente”, por lo que no existe límite en cuanto a la información que se puede pedir y al uso que le den. Lo mismo podría aplicar respecto a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

 

En cuanto a la forma de acceder a esta información, la crítica a las reformas es que la localización geográfica en tiempo real se puede pedir “por simple oficio o medios electrónicos”, sin contemplar la intervención del poder judicial, por lo que se discute la constitucionalidad de estas disposiciones.

 

El artículo 16 Constitucional establece que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento y que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales.

 

También señala ese artículo que las comunicaciones privadas son inviolables y que exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.

 

Y estas intervenciones deben ser autorizadas por los jueces de control. Aunque la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no ha sido modificada para dar origen a estos juzgados, el poder judicial ya creo en ejercicio de sus facultades, seis juzgados federales especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, que una vez que se reforme la ley se convertirán en los juzgados de control.

 

Para algunos doctrinarios los "datos de tráfico de las comunicaciones", como números marcados por un usuario de la red telefónica, la identidad de los comunicantes o la duración de la llamada telefónica constituye parte de las comunicaciones, por lo que se encuentran protegidas por el artículo 16 constitucional y en consecuencia se requeriría la intervención de los jueces de control para obtener esa información.

 

Desgraciadamente, las dudas sobre esta reforma solo se resolverán cuando se empiece a poner en práctica, y en su caso, sea impugnada en los tribunales.

 

 

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