En el proyecto de sentencia propuesto por el ministro  Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en el caso de Florence Cassez y que será analizado por la Primera Sala el próximo día 21 de marzo, se señala como una de las violaciones en contra de la quejosa,  el derecho a la asistencia consular, previsto en los artículos 128, fracción IV, in fine, del Código Federal de Procedimientos Penales y 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

 

México ha defendido la importancia del derecho a la asistencia consular a nivel internacional. Así lo hizo en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en un juicio entre México y Estados Unidos, conocido como caso Avena.

 

En ese asunto, con base en la Opinión Consultiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos OC-16/99, México señalo que la expresión “sin demora” prevista en la Convención significa, inmediatamente, al momento de ocurrir la detención y en todo caso antes de que el individuo rinda sus primeras declaraciones. En uno de los casos que eran parte del juicio, parte de la evidencia en contra de Humberto Leal García, condenados a muerte, que finalmente fue ejecutado, eran dos declaraciones incriminatorias que hizo Leal García a la policía en entrevistas realizadas el día en que cometió el asesinato del que se le acusaba, en las que no contó con asistencia consular.

 

Aunque al final la CIJ le dio un alcance distinto al término, al establecer la asitencia es aplicable una vez que se determina que la persona es un extranjero, nuestro país no puede contradecirse en este caso y asumir una posición distinta a la sostenida ante la CIJ.

 

En su sentencia, la CIJ determinó que Estados Unidos esta obligado a revisar y reconsiderar las condenas y sentencias, por el medio de su elección, y que esa revisión y reconsideración debe darse a través de un proceso judicial en el que se valore si la violación del tratado causó un perjuicio real al acusado.

 

Siguiendo este criterio, lo más probable es que en el caso Cassez se amparara a la quejosa para efectos, a fin de reponer el procedimiento.

 

Pero el ministro Zaldívar también pone sobre la mesa la violación del principio de presunción de inocencia y sus efectos.

 

El ministro propone en su proyecto que el principio de presunción de inocencia implica que la persona sea tratada como inocente desde antes que se inicie el procedimiento, constituyendo “un derecho fundamental a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos a éstos”.

 

Inclusive destaca que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado la práctica de exponer ante los medios de comunicación a personas acusadas por la comisión de delitos, cuando aún no han sido condenadas por sentencia firme, sosteniendo que “el derecho a la presunción de inocencia (…) exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita (un) juicio ante la sociedad (que) contribuy(a) así a formar una opinión pública, mientras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad penal de aquella”.

 

Por eso el ministro Zaldivar concluye que en este caso el montaje  de la AFI, con el que se viola el principio d epresunción de inocencia, tiene un “efecto corruptor en todo el proceso penal y vició toda la evidencia incriminatoria en contra de la recurrente”, sugestionando no sólo a la sociedad sino especialmente a “las personas involucradas  en el proceso (testigos), viciándose la fiabilidad de sus declaraciones".

 

Para que se determine el amparo y la libertad absoluta de Florence Cassez, los ministros que forman la Primera Sala deberán decidir si las pruebas en contra de la quejosa fueron corrompidas de origen por el montaje que violo la presunción de inocencia, y por tanto inadmisibles. Como sucedió en otros caso controversial, la matanza de Acteal, en donde la Suprema Corte decidió liberar a 20 presos, ya que sus sentencias se basaron en pruebas y testigos fabricados por la Procuraduría General de la República.

 

Menudo trabajo.

 

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