En la trigésima segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública el empresario Alejandro Martí hizo una vez más un reclamo a los legisladores, quienes después de casi seis meses, no habían aprobado la iniciativa de geolocalización que está enfocada a perseguir diversos delitos en los que se hace uso de la telefonía móvil.

 

El día de ayer finalmente la Cámara de Diputados aprobó dicha iniciativa que con modificaciones a los códigos Federal de Procedimientos Penales y Penal Federal, así como a las leyes Federal de Telecomunicaciones, Que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, y General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, obliga a los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones a colaborar en la localización geográfica, en tiempo real, de las comunicaciones relacionadas con delitos.

 

Además, con esta iniciativa los concesionarios están obligados a dar de baja de manera inmediata los equipos de comunicación móvil reportados por los clientes o usuarios como robados o extraviados. Dicho reporte deberá incluir el código de identidad de fabricación del equipo, conocido como IMEI (International Mobile Equipment Identity)

 

Desde mayo de 2010, los celulares robados o extraviados de Telcel y Telefónica de México son bloqueados con este sistema para evitar su reuso con fines ilícitos. El número IMEI es un número único asociado al equipo y se puede conocer al marcar *#06# en nuestro aparato telefónico y de inmediato aparecerá una serie de números que corresponden al IMEI. A partir de ahora es importante conocer estos números.

 

Los concesionarios deberán celebrar convenios de colaboración que les permitan intercambiar listas de equipos de comunicación móvil reportados por sus respectivos clientes o usuarios como robados o extraviados, para desactivarlos.

 

También establece una especie de servicio 911 a fin de que los móviles cuenten con una combinación de teclas que al ser digitadas permitan a los clientes o usuarios enviar señales de auxilio que serán dirigidas de forma automática a un Sistema Nacional de Atención de Emergencias a fin de garantizar la intervención oportuna de las autoridades de la federación, de las entidades federativas o de los municipios, en el ámbito de su competencia.

 

El decreto no establece un plazo para establecer ese Sistema Nacional de Atención de Emergencias, lo que constituye una importante omisión ya que al implementarse ese código de emergencia, no existirá un receptor de los mensajes.

 

En cuanto al bloqueo de las señales de telefonía móvil en las cárceles, los resultados de esas disposiciones no se verán en el corto plazo ya que su implementación dependerá de lineamientos que debe actualizar la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, que cuenta con lineamientos para la Instalación y utilización de bloqueadores de señales de radiocomunicaciones en Centros de Readaptación Social. En adición a lo anterior se deberá contar con el presupuesto necesario para adquirir los equipos que inhiban las señales.

 

En el país operan 429 prisiones y según un informe del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 78 reclusorios, que concentran el 75 por ciento de la población penitenciaria,  se cometen los secuestros virtuales y extorsiones vía celular, la mayoría ubicados en el DF, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Puebla y Estado de México. Este último estado ya ha instalado inhibidores en 11 de sus prisiones con un gasto de más de 28 millones de pesos.

 

Según informes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se están instalando inhibidores y bloqueadores en los centros penitenciarios prioritarios, con presupuesto de 288 millones de pesos, 9 mdp por entidad federativa, pero no existen cifras exactas de cuantos se han instalado.

 

El sistema de funcionamiento de los bloqueadores es sencillo. El dispositivo bloquea la señal entre el celular y la torre desde donde la recibe y los propietarios de los móviles ni siquiera notan que el bloqueo está sucediendo. La pantalla de sus celulares se mantendría igual, solo que el servicio habría quedado, definitivamente, cortado.
 

Finalmente se da fin a la simulación y violación a las disposiciones legales y al estado de derecho por parte del Poder Ejecutivo, al implementar el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía RENAUT.  La Secretaría de Gobernación y la Comisión Federal de Telecomunicaciones deberán remitir al Congreso de la Unión, un informe sobre el uso de los datos contenidos en el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y sobre las medidas destinadas a garantizar su debido resguardo y eventual cancelación, dentro de los quince días naturales siguientes a la entrada en vigor de las modificaciones.

 

El documento pasará ahora al Ejecutivo para que sea publicado en el Diario Oficial y se convierta en ley vigente.

 

 

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