Hace algunos días, el gobierno del Distrito Federal mostró en el sitio web de El Universal, el Centro de Control y Comando de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en el que la Policía de Investigación utiliza más de 13, 000 cámaras para observar y detener a posibles delincuentes.

 

En el reportaje, el Director General de Inteligencia destacaba cómo con el equipo se pueden hacer acercamientos a rostros o placas de automóviles, permitiendo el sistema  realizaranálisis delictivos para saber modus operandi, características de sujetos, tipo de armas que utilizan, horarios y zonas específicas donde se cometen los delitos.

 

En resumen, el uso de la video vigilancia para combatir el crimen, recordándonos la serie “Person of Interest”, pero la video vigilancia implica un equilibrio entre los derechos humanos de las personas y la obligación del estado para preservar la seguridad pública, por lo que resulta interesante analizar el marco legal de la video vigilancia el Distrito Federal.

 

La Constitución establece en su artículo 6° que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fije la ley, mientras que el artículo 16, segundo párrafo, señala que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos.

 

El propio artículo 16 señala los supuestos de excepción a los principios sobre el tratamiento de datos, y son por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de tercero.

 

La seguridad pública es la obligación del estado de salvaguardar la integridad, los bienes y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

 

En el Distrito Federal la video vigilancia tiene su fundamento en la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, que permite la instalación de equipos o sistemas tecnológicos que capten imágenes o sonidos para prevenir, inhibir y combatir conductas ilícitas.

 

Ahora bien, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, incluye en la definición de datos personales, entre otros, la información gráfica o acústica concerniente a una persona física, identificada o identificable entre otros.

 

Para la protección de esos datos personales la Ley que Regula el Uso de la Tecnología, remite a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a su vez remite a la  Ley de Datos Personales.

 

Este último ordenamiento establece en su artículo 12 que “Los responsables de los sistemas de datos personales con fines policiales, para la prevención de conductas delictivas o en materia tributaria, podrán negar el acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos personales en función de los peligros que pudieran derivarse para la defensa del Estado o la seguridad pública, la protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que se estén realizando, así como cuando los mismos obstaculicen la actuación de la autoridad durante el cumplimiento de sus atribuciones.”

 

Con esta cadena de ordenamientos se establecen los límites a la protección de datos personales que establece el segundo párrafo del artículo 16 constitucional.

 

Otros estados están implementando también la video vigilancia en las ciudades, pero sin contar con el marco legal adecuado, y en esos casos, se puede estar en presencia de una violación a los derechos humanos, por lo que deberían de promoverse las iniciativas de ley correspondientes, que protejan a los ciudadanos.

 

En la nota de El Universal se destaca como a través del sistema se pudo detener  a un delincuente, pero si no existiera el marco jurídico adecuado, los datos obtenidos podrían ser inútiles en un proceso legal.

 

 

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