El Frente Parlamentario contra el Hambre presentó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, una queja contra el presidente de la República y los secretarios de Agricultura, Desarrollo Social, Hacienda y Salud, por “la violación sistemática de derechos humanos, en particular el derecho a la alimentación”.

 

En la queja se destaca que la disminución de la producción de granos y el incremento de su precio, aunado a los efectos de la sequía en varias entidades del norte y la falta de apoyo gubernamental, se ha traducido en hambre, como sucede en la Sierra Tarahumara.

 

La queja ante la CNDH es la primera de varias acciones legales que ese Frente va a emprender, ya que el gobierno federal no ha aplicado políticas públicas ni ha invertido en la infraestructura que permita la producción y el abasto necesario de alimentos. Tampoco ha emprendido acciones eficaces para abatir el hambre y la desnutrición, agravada por los fenómenos meteorológicos que se han presentado en el territorio mexicano, como son sequías, inundaciones y heladas.

 

El Frente Parlamentario contra el Hambre es un organismo compuesto por diputados y senadores para promover mecanismos normativos de protección y garantía del derecho constitucional a la alimentación y ayudar en el fortalecimiento de una institucionalidad que permita luchar contra el hambre en México. Este organismo forma parte del Frente Regional que agrupa a legisladores comprometidos con la lucha contra el hambre de toda América Latina y Caribe.

 

El derecho a  la alimentación está contemplado en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos  y en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros documentos, y en el artículo 4 constitucional.

 

La observación general No. 12 sobre el derecho para la aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su párrafo sexto establece que  “El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla. El derecho a la alimentación adecuada no debe interpretarse, por consiguiente, en forma estrecha o restrictiva asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos. El derecho a la alimentación adecuada tendrá que alcanzarse progresivamente. No obstante, los Estados tienen la obligación básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y aliviar el hambre tal como se dispone en el párrafo 2 del artículo 11, incluso en caso de desastre natural o de otra índole.”

 

En junio del año pasado estuvo en nuestro país el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, con el objetivo de evaluar el cumplimiento de esa garantía.

 

Al aceptar la queja, la CNDH deberá realizar una investigación sobre el tema y emitir una recomendación.

 

 

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