El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, decidió amparar a un trabajador en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que se atentó en contra de su derecho a la salud.

Con esta decisión el tribunal echó abajo un crédito fiscal determinado por el IMSS a cargo del quejoso por concepto de hospitalización y estudios practicados a su hijo, al vencerse el término previsto en el artículo 109 de la Ley del Seguro Social, que extiende por ocho semanas el derecho a recibir, asistencia médica y de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria del trabajador desempleado y sus beneficiarios.

En el caso revisado por el Tribunal, el hijo del trabajador ingresó para recibir atención médica a la Unidad de Pediatría del Hospital General de Zona No. 30 del IMSS, ubicado en la Delegación Iztacalco, por presentar un fuerte dolor abdominal. Ingresó el 29 de enero y fue dado de alta el 5 de febrero de ese mismo año; sin embargo, como el padre del menor se encontraba desempleado y la vigencia de sus derechos concluyó el 4 de febrero, el Instituto determinó un crédito fiscal por hospitalización y estudios practicados al menor.

El trabajador acudió ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), cuya Sexta Sala Regional Metropolitana resolvió a favor del Instituto, confirmando la multa.

El trabajador no se dio por vencido y acudió al Cuarto Tribunal Colegiado Administrativo, que concedió el amparo solicitado, "partiendo de una interpretación garantista basada en los valores constitucionales y en los diversos convenios internacionales que prevén el derecho a la salud".

En su sentencia el Tribunal estableció que el TFJFA resolvió sin realizar un verdadero examen sobre la importancia del derecho a la salud, pues no debía cobrársele al trabajador por los servicios proporcionados por el IMSS, ya que el Estado a través de instituciones como esa debe prestar el derecho a la salud hasta que el paciente se encuentre restablecido de la enfermedad por la que se acudió a la institución de seguridad social.

El Tribunal informa que se concedió el amparo solicitado, “partiendo de una interpretación garantista basada en los valores constitucionales y en los diversos convenios internacionales que prevén el derecho a la salud, ya que al tener este último el carácter de un derecho económico, social y cultural, regulado tanto por la Constitución Federal en su artículo 4, como por distintos tratados internacionales".

Esta es una consecuencia más de la reforma constitucional que el año pasado se realizó en materia de derechos humanos.

 

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