Casi todos los regímenes conocidos como constitucionales en México han tenido su origen en el desconocimiento por medio de la violencia de un régimen anterior.

 

Esto sucedió con nuestra Constitución actual que al reemplazar a la del 57 violó el artículo 128 de la misma, que era idéntico al 136 actual que establece que “Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados, así como los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado con ésta”.

 

Pero en febrero de 1913, un grupo de militares y civiles llevó a cabo un cuartelazo en la Ciudad de México contra el gobierno legítimo del presidente Madero. Cualquiera que hayan sido los móviles de la rebelión, en esos días se enfrentó la fuerza a la legitimidad, sin que la primera adujera a su favor ningún argumento de derecho positivo.

 

En su inicio, este Cuartelazo de la Ciudadela no fue sino un reto a la legitimidad en nombre de valores sociales, que los autores del movimiento invocaban como superiores a la misma legalidad.

 

Pero después de varios días de lucha en la capital, el jefe de las fuerzas leales al gobierno, general Victoriano Huerta, traicionó al presidente Madero, aprehendiéndolo conjuntamente con el vicepresidente Pino Suárez. Los defensores de la Ciudadela se unieron al traidor, mediante un pacto firmado en la embajada de Estados Unidos.

 

Desde este acontecimiento, la situación jurídica se ve modificada. Por las renuncias del presidente y del vicepresidente, sustituyó al primero, de acuerdo con el artículo 81 de la Constitución del 57, el Secretario de Relaciones Exteriores. El nuevo presidente, inmediatamente después de tomar posesión del cargo, designó para ocupar la Secretaría de Gobernación a Victoriano Huerta, y renunció a la presidencia en virtud de lo cual Huerta ocupó la presidencia, conforme a las normas de sucesión establecidas en la Constitución vigente de 1857. La Cámara de Diputados aceptó las renuncias, en ejercicio de la facultad que le confería el artículo 82 del mismo ordenamiento jurídico y el poder judicial, el ejército y los gobernadores de los estados, excepto uno, reconocieron que el nuevo régimen continuaba sin interrupción el sistema de legalidad.

 

Por esto, el gobierno de Huerta no fue de usurpación, ya que el usurpador de cargo es aquel que lo ocupa y realiza el acto sin ninguna clase de investidura ni irregular ni prescrita y Huerta tenía una investidura constitucional. Agotados los recursos legales en contra del gobierno de Huerta, nació inevitablemente el derecho moral a la revolución.

 

Por ello el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, se rebeló contra Huerta iniciando una verdadera revolución que se denominó “Constitucionalista” ya que alegaban que se había violado la Constitución en su artículo 82 porque no se había llamado a elecciones extraordinarias. Pero esta justificación legal no existía, sino que hasta el momento se trataba de una mera justificación moral. La justificación legal llegó hasta la victoria.

 

Así las cosas, la lucha estaba entablada entre la ley, que si era hábil para encubrir una traición, no servía en cambio para satisfacer las urgencias populares y el pueblo mexicano buscaba nuevas fórmulas de justicia aplazadas por la revolución de Madero.

 

El derecho moral a la revolución, de esta manera, queda justificado cuando los poderes existentes se mantienen aferrados a una rígida situación jurídica carente de vida, sin adaptarse a las progresivas concepciones culturales. En este caso, la revolución no es la violación del derecho sino la creación del mismo.

 

Así, si la Constitución del 57 no servía para satisfacer estas necesidades populares y para derrocar a un gobierno de usurpación, era lógico que debía de ser abrogada y sustituida por una nueva.

 

En un principio Carranza encomendó al Constituyente de Querétaro una serie de reformas a la Constitución del 57, pero durante las sesiones de la misma se vio la necesidad de abrogarla y promulgar un nuevo orden jurídico para México. Esta Constitución de 1917 tiene su fundamentación moral en el hecho de que a una revolución violenta debe seguir la creación de un nuevo orden jurídico.

 

La Constitución vigente fue promulgada por el presidente Venustiano Carranza el 5 de febrero de 1917 en la ciudad de Querétaro, la cual, sin embargo, se legitimó cuando el pueblo reconoció la autoridad del Poder Constituyente y se sujetó a las disposiciones de la nueva Constitución.

 

 

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