La Suprema Corte de la Nación presentó el día de ayer el Protocolo de Actuación para Quienes imparten Justicia en Casos que Afecten a Niñas, Niños y Adolescentes, el cual fue creado con la intención de auxiliar a los jueces cuando deben atender asuntos relacionado con infantes o adolescentes.

 

"Todos los jueces del país, sin importar jerarquía o jurisdicción, somos los verdaderos defensores de los derechos humanos en México y esto nos exige un amplio conocimiento de las normas constitucionales y convencionales que en esa materia están vigentes en México", afirmó el Ministro Juan N. Silva Meza, Presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal.

 

Susana Sottoli, representante del Fondo de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la Infancia en México, calificó la presentación de este Protocolo como “un acto inédito y significativo en el avance del cumplimiento de los derechos de la infancia y adolescencia en México porque les asegura un mejor acceso al sistema de justicia, ya sea como víctimas, testigos o presuntos delincuentes”.

 

El protocolo propone una serie de prácticas a respetarse para garantizar los derechos de los menores, en particular el de acceso a la justicia, ya sea como víctima, testigo o presunto responsable de un hecho delictivo, aunque el protocolo no tiene ni pretende tener efectos vinculantes.

 

Los conceptos fundamentales que contiene el protocolo son: interés superior del niño, no discriminación, trato con respeto y sensibilidad, protección a la intimidad, no publicidad, derecho a no participar (según su edad, madurez y evolución de su capacidad), derecho a ser informado, a ser asistido, que su testimonio no se considere carente de credibilidad (como sucedió con los hijos de Nadia Muciño), que se le realice una prueba de capacidad para determinar el grado de desarrollo y madurez, a que se verifique que una persona mayor acompaña al menor, entre otras medidas.

 

Asimismo, establece las características de los lugares donde deben comparecer, la temporalidad y duración de la participación, las medidas de asistencia que deben tomarse, el tipo de mobiliario a utilizar, entre otros.

 

Además, el documento indica que los menores de 18 años “son sujetos plenos de derechos, lo que significa un cambio fundamental en la percepción de la infancia, pasando de la idea del menor como objeto de compasión-represión a la idea de la infancia-adolescencia como sujetos plenos de derechos”, indica el documento, el cual presupone que éstos tienen “en todo momento su capacidad jurídica”.

 

Hasta ahora, señalo finalmente el Ministro, la ausencia de prácticas idóneas para este grupo de población ha repercutido no sólo en los resultados del propio proceso judicial, pues la participación de los niños en esas condiciones no brinda información relevante y, en muchos casos, genera experiencias dolorosas, o que les dejan secuelas y los someten a una nueva victimización.

 

 

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