Hace cuarenta o cincuenta años, era común que un padre o una madre disciplinaran a sus hijos a través de golpes o cintarazos, pero el mundo ha cambiado.

 

En Ciudad Juárez, Chihuahua, una mujer hondureña fue acusada de violencia intrafamiliar al ser detenida en flagrancia, golpeando a sus hijos de uno y tres años de edad, con un cinturón.

 

La mujer había sido filmada previamente por la abuela de los menores, pero en esta ocasión fueron agentes de la policía los que la descubrieron. Los niños no presentan lesiones anteriores, ni huellas de violencia externa de consideración según la Subprocuraduría de Asistencia Jurídica y Social.

 

El juez de garantías le dictó el auto de vinculación a proceso, imponiendo como medida cautelar presentarse a firmar cada 15 días a la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales y prohibiéndole terminantemente acercarse a su hijos quienes se encuentran bajo la tutela del DIF en una granja hogar un Juzgado de lo Familia el que determine si los menores regresan a casa con su madre o son entregados a un familiar cercano en custodia temporal.

 

 Como hemos señalado en otras ocasiones, la línea entre maltrato y educación es muy tenue. Los Códigos Civiles de los estados, en lo relativo a la patria potestad, establecen la obligación de educar y la facultad de corregir y la obligación de observar una conducta que sirva a los menores de buen ejemplo.

 

En el caso específico de Chihuahua de no cumplir con la obligación de dar educación, entendiendo tácitamente por esta la asistencia a la escuela, el Ministerio Público y el organismo para la asistencia social pública estatal o municipal, pueden intervenir. Y para la facultad de corregir, establece límites, ya que el artículo 400, señala que esta “no implica infligir al menor acto de fuerza que atente contra su integridad física o psíquica”

 

Y esos atentados son los que se consideran violencia familiar, comprendiendo “cualquier acción sufrimiento físico, sexual, psicológico, patrimonial o económico”.  

 

Por otra parte la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que establece en el artículo 11 que las madres y los padres tienen el deber de protegerlos de toda clase de abuso, maltrato, prejuicio, daño, trata y explotación y también se menciona que ninguna clase de abuso a sus derechos se justifica para hacer que los niños cumplan sus deberes, además que se considera un derecho universal y fundamental de los niños el no ser maltratados ni física ni psicológicamente.

 

Pero existen quienes consideran que una nalgada es un instrumento educativo. Así lo señalaba un lector de “El Diario” “es cierto que un regaño duele más que los golpes, pero en ocasiones son necesarios unos buenos cintarazos para entender, ese es el problema con los jóvenes de ahora, por eso hacen lo que quieren, por eso los niños andan en las calles delinquiendo o de vagos.”

 

Nuestra Directora General ya ha destacado en un artículo las diferencias de criterios que existen en el mundo sobre este tema. Por ejemplo, en algunos países musulmanes los maestros siguen teniendo autoridad para castigar físicamente a los niños, porque se considera que es parte de la educación que reciben para ser mejores personas. En 22 estados de Estados Unidos es perfectamente legal y en Gran Bretaña la práctica se prohibió apenas hace unos diez años.

 

Otros piensan que con cada golpe se menoscaba la dignidad del niño, y se llega a caer en extremos. En las escuelas los maestros han ido perdiendo su autoridad para disciplinara a un niño, llegándose al extremo de que se llama la atención de un maestro por llamarle la atención  a un niño por su mal comportamiento.

 

La defensa de esta madre seguramente estará orientada al derecho que tiene de corregir a sus hijos, en el que se tendrá que definir si fue legitimo que sancionara a sus hijos o incurrió en violencia familiar.

 

 

 

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