En noviembre de 2009 se informó en los medios de comunicación sobre una banda dedicada al robo y venta de niños, hasta por 15 mil pesos, que operaba en el “Hospital Central de Oriente”.

 

Al inmueble con todos los equipos médicos y mobiliario, se les aplicó la Ley de Extinción de Dominio, a lo que se opuso la empresa propietaria del hospital Inmobiliaria Médica Zaragoza, promoviendo la inconstitucionalidad de la citada ley, lo cual fue rechazado por la Primera Sala de la Suprema Corte.

 

La empresa impugnó diez artículos de la Ley de Extinción de Dominio del Distrito Federal, incluidos los que contienen las definiciones básicas del procedimiento y la disposición que establece que no se pagará compensación por los bienes.

 

Los ministros estimaron infundados sus argumentos, ya que conforme al artículo 22 constitucional dicho procedimiento es autónomo del de materia penal y procede en los casos, como delincuencia organizada y trata de personas, en los cuales los bienes son instrumento, objeto o producto del delito, aún cuando no se haya dictado sentencia que acredite la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito aconteció, por lo que no viola los principios constitucionales de presunción de inocencia y seguridad jurídica, y es procedente no otorgar indemnización alguna por la declaratoria de propiedad a favor del Distrito Federal.

 

La extinción de dominio es una figura civil por la que se pierde a favor del estado los derechos de propiedad o posesión de los bienes que son instrumento, objeto o producto de actividades de delincuencia organizada, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, o que estén destinados a ocultar o mezclar bienes producto de tales delitos, sin contraprestación ni compensación alguna para el afectado, cuando no logre probar la procedencia lícita de dichos bienes o su actuación de buena fe.

 

Este lamentable caso llevó a los responsables a perder sus bienes y a las personas que “compraron” a los niños a ser acusados de trata de personas, delincuencia organizada, complicidad y otros delitos.

 

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