El día de ayer, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, presentó un “Informe Preliminar sobre el Caso Ayotzinapa”, en relación con el operativo realizado el 12 de diciembre en la Autopista del Sol por la policía federal, estatal y ministerial para disolver una manifestación, incidente en el que murieron dos estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, municipio de Tixtla, Guerrero y el empleado de una gasolinería.

 

Este es el primer caso en que después de la reforma del 10 de junio de 2011 la CNDH investiga violaciones graves de derechos humanos, al haberse adicionado un último párrafo al inciso B del artículo 120, transfiriéndole la función que ejercía la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El informe señala que existieron violaciones graves a los derechos humanos a la vida, a la seguridad e integridad personal, a la libertad, al trato digno, a la seguridad jurídica y a la legalidad al omitir tanto agentes federales como locales  ejercer acciones efectivas para el manejo adecuado de una manifestación pública que se tornó violenta.

 

El infome destaca el uso indebido de las armas de fuego y un uso excesivo de la fuerza pública en contra del grupo de manifestantes, en contradicción a la Resolución 34/ 169 de la Asamblea General  de la ONU, llamada “Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley” y los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley” Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.

 

También se indica que todas las autoridades presentes en el incidente fueron omisas en establecer medidas para  preservar los indicios que se encontraban en el lugar, destruyéndose evidencia y presuntamente “sembrando indicios falsos”. Lo anterior, a juicio de la CNDH, implica un obstáculo para acceder de manera pronta a la justicia y privilegiar el conocimiento de la verdad y que las violaciones graves no queden impunes.

 

Es de destacar que desde mayo de 2005 la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero cuenta con un Instructivo para la Protección, Preservación e Investigación en la Escena del Delito.

 

La necesidad de que se regule el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad pública ha sido un tema abordado por la CNDH desde 2006 y también la Suprema Corte hizo un llamado para que se regulara este tema cuando ejerció la facultad investigadora en casos de violaciones graves a las garantías individuales, respecto de los acontecimientos de San Salvador Atenco y Oaxaca.

 

En respuesta a estos llamados sólo el Distrito Federal y el Estado de Oaxaca cuentan con una ley que regula el uso de la fuerza por parte de integrantes de las instituciones de seguridad pública.

 

A nivel federal sólo la Secretaría de Marina ha regulado este tema, a través de la  Directiva 003/09 del 30 de septiembre de 2009, mediante la cual se regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal naval, en cumplimiento del ejercicio de sus funciones, en coadyuvancia al mantenimiento del Estado de Derecho.

 

Sobre este tema se manifestó el presidente de la República el 16 de diciembre pasado afirmando que se están haciendo esfuerzos para que las fuerzas armadas, la Policía Federal, y la PGR que cuenten con directivas claras para el uso legítimo de la fuerza para efectuar las detenciones y puesta a disposición del Ministerio Público de personas detenidas y para la cadena de custodia y la preservación de las evidencias en el caso de la comisión de un delito.

 

Por su parte, la Cámara de Diputados federal ya aprobó el martes 28 de abril de 2009 una Ley que regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública Federal, pero desde entonces está pendiente de dictamen en la Cámara de Senadores.

 

Mientras tanto, el uso de mecanismos de disuasión, armas no letales y letales, y la preservación de la escena del crimen y custodia de las pruebas queda sujeto a la discrecionalidad de los mandos.

 

Estas omisiones normativas y la generalizada falta de capacitación de los cuerpos de seguridad, harán que sigamos siendo testigos de incidentes como este.

 

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