Desde el pasado 19 de diciembre se cerró en el Distrito Federal el relleno sanitario del llamado Bordo Poniente, una superficie de 375 hectáreas en donde se recibió la basura de la ciudad durante casi treinta años. La fecha pactada con el gobierno federal era el 31 de diciembre.
Y la basura se empezó a acumular en las calles de la ciudad, por lo que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) analiza iniciar una queja de oficio en contra del gobierno de la ciudad, que podría derivar en una recomendación por violación a los derechos humanos o sólo en un informe especial.
La línea de investigación estaría relacionada con el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que entra en lo que se denomina Derechos Humanos de Tercera Generación
Este derecho implica “la no incidencia negativa o el fomento de la incidencia positiva de los componentes físicos, químicos, biológicos y sociales que influyen directa o indirectamente, a corto o largo plazo, en el medio ambiente”, y conlleva la obligación por parte del Estado, de crear y mantener la infraestructura de servicios necesarios para la protección y conservación ambiental, y prestarlos eficientemente y oportunamente.
Diversas autoridades han alertado sobre los riesgos de la acumulación de la basura, ya que se pueden generar incendios, escurrimientos tóxicos causantes de contaminación en mantos acuíferos y emanaciones que enrarecen el aire, llegando a causar infecciones gastrointestinales y cutáneas a los habitantes de las comunidades.
Los problemas se generaron en los llamados Centros o Estaciones de Transferencia, en donde se realiza una selección de los desperdicios, aquí los camiones recolectores tenían que esperar de seis a doce horas para vaciar su carga cuando el proceso llevaba de una a dos horas, generándose a su vez, retrasos en la recolección de basura en las calles de la ciudad.
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