El día de ayer, helicópteros de la Secretaría de Marina empezaron a sobrevolar de nueva cuenta la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río del estado de Veracruz, al haberse extinguido la Policía Intermunicipal de esos municipios, y asumiendo la Secretaría de Seguridad Pública del estado el mando y operación del servicio público de policía preventiva con el apoyo del Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Marina.

 

Entre la población todo era confusión, en algunos casos temor, y en otros pocos escándalo. El número 113 de la Gaceta Oficial del estado en donde se publicó el decreto que daba fundamento a esta decisión no estaba disponible.

 

En la Coordinación de Comunicación Social del gobierno del estado de Veracruz, no contestaban el teléfono y cuando lo hacían, no tenia información suficiente sobre el tema o ésta estaba equivocada.

 

Esa unidad desconocía o no vinculaba esta decisión con el hecho de que el día 19 de este mes las Secretarías de Marina, Gobernación y el Gobierno del Estado de Veracruz firmaron el Anexo Técnico “A” derivado del Convenio de Coordinación para Proporcionar Apoyo en Materia de Seguridad Pública, suscrito el pasado 4 de octubre del 2011, y que fue informado por las propias  Secretarías de Marina y Gobernación.

 

Ese anexo se firmó con el objetivo de fortalecer las funciones de apoyo a la seguridad pública y policía preventiva en los municipios de Veracruz y Boca del Río, con base en el cual la Secretaría de Marina asumió las funciones de apoyo a la seguridad pública y policía preventiva con personal naval, mientras que el Gobierno del estado se comprometió a aportar los recursos necesarios para cumplir adecuadamente las labores de apoyo a la Armada.

 

Finalmente, ya entrada la mañana, apareció el  número 113 de la Gaceta Oficial del estado que funda y motiva esta decisión.

 

En los considerandos del decreto se establece “que la situación que guardan las fuerzas policiales estatales y municipales, particularmente en los municipios de Veracruz y Boca del Río, requieren de un apoyo adicional, en tanto el estado refuerza sus cuerpos de policía civil para hacer frente a la inseguridad del estado”

 

Igualmente el documento señala “que con el propósito de incrementar la capacidad de defensa y de respuesta ante acciones delictivas, el Gobierno del Estado debe hacerse cargo de la seguridad pública proporcionada por la policía preventiva en los municipios de Veracruz y Boca del Río, con el apoyo de las fuerzas federales, con base en el Programa Veracruz Seguro”.

 

Así  “la Secretaría de Seguridad Pública, … deberá tomar el mando y operación del servicio público de la Policía Preventiva Municipal de Veracruz y Boca del Río, para lo cual se hace necesario extinguir la Policía Intermunicipal que presta el servicio de seguridad pública y policía preventiva municipal en los territorios de Veracruz y Boca del Río y en consecuencia dar por terminada la relación jurídica administrativa con los elementos que conforman esta corporación, con pleno respeto a sus derechos y de conformidad con la legislación aplicable”.

 

La participación de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública es constitucional, así lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de Jurisprudencia P./J. 36/2000, P./J. 37/2000, P./J. 38/2000 y P./J. 39/2000.

 

Específicamente las tesis P./J. 36/2000, P./J. 37/2000 establecen que el Ejército, Fuerza Aérea y Armada en sus labores de apoyo de las autoridades civiles en tareas diversas de seguridad pública, “se encuentren subordinados a ellas” y que “se deberá cuidar escrupulosamente que se respeten las garantías individuales, estableciendo, incluso, a través de los organismos competentes, una estrecha vigilancia para que se actúe del modo especificado”.

 

La debida atención a estos dos criterios ha sido el talón de Aquiles de estos operativos, presentándose detenciones arbitrarias o no apegadas al marco legal, que tienen como consecuencia que los delincuentes queden libres, además de que en los hechos quienes asumen el control de la seguridad pública son las fuerzas armadas, no existiendo la supuesta subordinación señalada por la Corte y violentando en ocasiones los derechos humanos. Esperamos que esta acción sea la nueva oportunidad para que estos programas se realicen respetando el Estado de Derecho, y que como dice el gobierno estatal “se someta a los criminales, se les lleve ante la justicia y se restablezcan las condiciones de seguridad que demanda el pueblo veracruzano” exitosamente.

 

 

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