En diversas ocasiones hemos informado en esta revista electrónica sobre el sistema de avisos previos que se propone o utiliza en distintas partes del mundo para combatir las descargas de material que viola los derechos de autor, para finalmente evitar que el usuario pueda tener acceso a Internet, ya sea con la intervención de una autoridad administrativa o una autoridad judicial. Así, hemos informado sobre la Ley Hadopi en Francia, la Ley Sinde en España, el tratado ACTA, SOPA, entre otros, y que ha sido rechazado por atentar contra los fundamentos de Internet.

 

Ahora en nuestro país, antes de postularse  a un nuevo cargo de elección popular, el senador Federico Döring Casar presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores una iniciativa de reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de Propiedad Industrial para implementar un sistema parecido en nuestro país.

 

El Senador Döring propone que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) sancione con multa lo que él denomina “infracciones cometidas en contra de la explotación normal de la obra” y define en la refroma del artículo Artículo 232 bis como  las conductas realizadas por personas físicas, que mediante la conexión alámbrica o inalámbrica de red de una computadora o dispositivo que permite el acceso a una red, realizan por sí o a través de terceros, la puesta a disposición de  copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por los derechos de autor o por los derechos conexos, sin la autorización de los respectivos titulares en los términos de esta ley.

 

Para estos fines se plantea que el IMPI inicie un procedimiento de oficio o a petición de parte y esa solicitud o inicio de procedimiento debe contener, entre otros datos: Información que identifique la dirección IP del presunto infractor; el objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos, incluyendo la descripción precisa de las obras posiblemente infringidas, y su ubicación en las redes o servicios del proveedor, e información del proveedor de servicio de Internet que ofrece el servicio de valor agregado en el cual se presume se ha cometido la infracción.

 

El titular del derecho afectado, podrá solicitar al IMPI que requiera al Proveedor de Servicios de Internet (ISP), la información de identificación de la dirección IP que presuntamente ha cometido la conducta infractora.

 

Una vez recibida la información del ISP, el Instituto notificará fehacientemente por cualquier medio al usuario titular de la cuenta acerca de la posible infracción, concediéndole tres días para manifestar lo que a su derecho convenga. Transcurrido el plazo el IMPI resolverá.

 

Como se aprecia, en este sistema a diferencia de otros, no sanciona al que descarga, sino exlusivamente a la persona física que sube o publica archivos violando derechos de autor. No se arriesga a referirse a personas morales, porque entonces se afectaría a los medios de comunicación que acostumbran publicar contenidos de YouTube u otros servicios, ya que en ese caso también ellos estarían violando derechos de autor.

 

Pero la iniciativa presenta dos problemas de fondo. Implica tácitamente la violación de las comunicaciones y la intimidad, ya que la única forma en que el titular de derechos puede obtener la información necesaria para presentar una denuncia en el IMPI es interviniendo las comunicaciones de un usuario, revisar la actividad que éste tiene en Internet y lo que publica, a fin de determinar si publica contenido protegido o no, por lo que los derechos a la libertad de expresión, la intimidad y la inviolabilidad de las comunicaciones son violentados.

 

Por otra parte aunque la iniciativa reconoce que la dirección IP identifica a una computadora o dispositivo móvil, deja de lado el hecho de que las IP son generalmente dinámicas, que pueden asignarse posteriormente a distintas personas, que puede ser utilizada por varios usuarios al mismo tiempo y que una persona puede subir información desde un café Internet o una red pública, por lo que la dirección IP no es suficiente para determinar la responsabilidad de una persona, y en consecuencia se estaría violando el principio de presunción de inocencia.

 

Además, el Senador Döring dice que “las innovadoras herramientas han originado nuevas modalidades de infracción a los derechos de autor que ponen en riesgo la viabilidad y permanencia de industrias que durante años han contribuido al enriquecimiento cultural del país”. Pero esta afirmación no esta suficientemente probada.

 

El senador Döring sostiene su dicho en la información generada para la Coalición por el Acceso Legal a la Cultua, S.C. por IPSOS Media CT contenida en el estudio "Reporte Descargas Digitales 2010", cuya información es cuestionable . En el apartado en el que el estudio hace referencia al número de descargas ilegales que se realizaron en 2010, el documento omite indicar cual es la metodología usada para llegara a esa conclusión.

 

Asimismo, el apartado las “Razones principales para descargar contenidos protegidos por los derechos de autor” se soporta en la pregunta “¿Por qué razones baja usted canciones y/o videos musicales, películas, y/o series de TV, eBooks e imágenes de Internet?”, sin considerar que la respuesta puede implicar también la descarga de contenidos legales, porque en promedio sólo el 46% de los encuestados hace referencia al costo.

 

Esto deja en claro que en el mundo y mucho menos en nuestro país existen estudios o cifras confiables sobre los efectos de la piratería en la industria del entretenimiento, mucho menos sobre “la puesta a disposición” de obras protegidas en Internet. Tal vez si se realiza un estudio serio al respecto, se concluya lo mismo que las autoridades suizas: que los creadores de contenidos terminan recuperando sus pérdidas.

 

En muchos foros a nivel internacional se ha dicho que medidas como la propuesta afectan la escencia de Internet, implica riesgos de seguridad, violaciones  a la libertad de expresión, se violan las leyes de protección al a privacidad, etcétera, pero esto no ha impedido que se presente esta iniciativa.

 

Por lo pronto se encuentra en comisiones y aunque el Senador Döring deja su curul en el Senado, puede seguir siendo impulsada por la industria del entretenimiento o por el propio Döring desde la Cámara de Diputados federal, así que habrá que estar alerta, a fin de que nos  violenten nuestros derechos.

 

Por cierto, hoy ACTA será discutido en el seno del Comité de Asuntos Legales del parlamento Europeo y SOPA lentamente, aunque con 55 enmiendas, pero sigue avanzando en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

 

 

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