Por vez primera un juez federal aplica el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que los militares que cometan delitos que violen los derechos humanos de civiles, no sean juzgados por tribunales militares, sino por tribunales civiles.

 

Al resolver el amparo promovido por los familiares de Bonfilio Rubio Villegas el juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, Carlos Alfredo Soto Morales, ordenó que el juez militar se declare incompetente de la causa penal seguida en contra del soldado procesado por el delito de homicidio  de Rubio y remita el expediente a un Juez Federal.

 

El homicidio de Bonfilio Rubio Villegas ocurrió el 20 de junio de 2009, cuando en un retén el chofer de un camión de pasajeros que había sido retenido, intento arroyar al personal militar, disparando los soldados sobre el vehículo. Uno de los disparos penetró por el respaldo del asiento en el que iba sentado Rubio, ocasionándole la muerte.

 

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero inició la averiguación previa correspondiente y remitió el caso al Ministerio Público Militar, debido a la participación de miembros del Ejército.

 

El Ministerio Público Militar ejerció acción penal ante un Juez Militar en contra del soldado de infantería que presuntamente realizó el disparo que mató a Rubio, dictándose auto de formal prisión por el delito de homicidio culposo.

 

Según informa el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, organización que está apoyando a los familiares de Bonfilio Rubio Villegas, la demanda de amparo se presentó el 22 de junio de 2011, en la que se impugnó tanto la declinación de competencia por parte de las instancias civiles como la asunción de competencia por los castrenses, señalando que se habían realizado mediante la aplicación de una norma contraria a la Constitución y a los Tratados Internacionales ratificados por México: el Artículo 57 del Código de Justicia Militar

 

En el curso del mismo juicio de amparo los familiares de Rubio Villegas pudieron tener por primera vez acceso pleno al expediente; así supieron que aunque varios elementos participaron en los hechos sólo un militar estaba siendo juzgado por el delito de violencia contra las personas causando homicidio y que éste, beneficiándose de una investigación deficiente y parcial, había conseguido a través de su defensa la reclasificación del delito que en consecuencia pasó a ser tipificado como mero homicidio culposo.

 

“Tlachinollan” destaca que en su fallo, el Juez Carlos Alfredo Soto Morales determinó entre otros aspectos que las víctimas y los ofendidos del delito tienen legitimidad para acudir al Juicio de Amparo ante la aplicación del fuero militar; que el artículo 57 del Código de Justicia Militar desborda los límites impuestos por el artículo 13 Constitucional; y que la extensión del fuero militar a casos que involucran a civiles es contraria a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo ésta vinculatoria para los tribunales mexicanos.

 

A partir de estos razonamientos, el juzgador resolvió que: “[…] el Juez Sexto Militar adscrito a la Primera Región Militar, a efecto de resarcir a los agraviados en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, deberá: Emitir un auto en el que, siguiendo los razonamientos expuestos en el presente fallo, se declare incompetente para seguir conociendo de la causa penal […L]a declaratoria de incompetencia deberá de hacerse a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero, con competencia territorial en el lugar donde sucedieron los hechos, pues se trata de una autoridad de naturaleza civil (no militar), facultada para conocer de delitos cometidos por servidores públicos federales […]”.

 

El criterio de la Corte estableció  que el fuero militar frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles, bajo ninguna circunstancia puede operar, ya que el artículo 57 del Código de Justicia Militar, es incompatible con lo dispuesto en el artículo 2º de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque al establecer cuáles son los delitos contra la disciplina militar, no garantiza a los civiles o sus familiares que sean víctima de violaciones a los derechos humanos, que tengan la posibilidad de someterse a la jurisdicción de un juez o tribunal ordinario.

 

Asimismo, la Suprema Corte acordó por mayoría que este criterio debe ser adoptado por todos los jueces, por lo que para la efectividad del cumplimiento y en aplicación del artículo 1° constitucional, reasumirán su competencia originaria para conocer de los conflictos competenciales entre la jurisdicción militar y la civil.

 

 

Más información en www.tlachinollan.org

 

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