En el Estado de Puebla, el gobernador ha presentado una iniciativa de reforma penal que implica modificaciones al  Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social y el Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, dentro de las cuales se incluye intervenir conversaciones privadas y realizar allanamientos sin orden judicial cuando la acción sea ejecutada en flagrancia.

 

Estas modificaciones se han estado realizando en los distintos estados de la República a partir de la reforma a la Carta Magna de junio de 2008, con las que se implementó en nuestro país el Nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio. Puebla es de los quince estados que se encuentran en la etapa de planeación para implementar el sistema, lo que se ha confundido con una legisalción del estado de excepción, percepción equivocada.

 

El estado de excepción es una de las fases de la suspensión de garantías, cuando se empiezan a suspender ciertas garantías constitucionales: Pero suspender garantías es facultad exclusiva del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, conforme al artículo 29 constitucional.

 

Al día de hoy el estado de excepción o emergencia, como se le llama en otros países, no está previsto en nuestra legislación, pero el Congreso de la Unión deberá incluirlo en la Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional en Materia de Suspensión del Ejercicio de los Derechos y las Garantías. Esta ley deberá ser publicada a más tardar el 11 de junio de 2012, pero hasta el momento no existen trabajos legislativos sobre el tema.

 

Así, señalar que la iniciativa de reforma penal en Puebla regula el Estado de Excepción es un error, ya que el congreso estatal y el gobernador no tienen  facultades para ello. La confusión nace ya que en la exposición de motivos se señala que la detención en flagrancia en caso de delitos graves sin orden judicial y la persecución de delitos distintos a los que generan una la intervención de las comunicaciones son excepciones a la ley, supuestamente apegadas al artículo 16 constitucional.

 

Se debe tener cuidado al citar una figura jurídica, porque se puede confundir al público y generar desinformación.

 

 

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