En 2010 informábamos sobre el juicio promovido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, en contra de nuestro país por Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, quienes sostienen que fueron violadas por soldados mexicanos hace ocho años en su comunidad en el estado de Guerrero, aunque en casos separados.

 

En el proceso, el Estado Mexicano reconoció ser responsable de la falta de atención médica, oportuna;  la falta de atención especializada en su calidad de menor de edad al momento de la presentación de la denuncia penal, ya que al momento de darse los hechos la Sra. Rosendo tenía 17 años; que existió dilación en la integración de las investigaciones así como daño a la integridad psicológica de la señora Rosendo Cantú, violando los artículos 5.1, 8.1, 19 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 

El 31 de agosto de 2010 la Corte emitió una sentencia en la que encontró a México culpable de violaciones a la integridad personal, la dignidad, la vida privada, los derechos del niño, las garantías de acceso a la justicia y a la protección judicial, en perjuicio de Valentina Rosendo Cantú. Se condenó al estado mexicano a reformar la legislación militar, a pagar una compensación económica a Valentina Rosendo Cantú y a su hija, a brindarles tratamiento médico y psicológico y a otorgarles becas de estudios.

 

 

De la condena que recibió México destaca la obligación de llevar en el fuero civil eficazmente y dentro de un plazo razonable, la investigación y, en su caso, el proceso penal de la violación; adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para que el artículo 57 del Código de Justicia Militar sea compatible con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y realizar las reformas pertinentes para permitir que las personas afectadas por la intervención del fuero militar cuenten con un recurso efectivo de impugnación de tal competencia.

 

A más de un año de las sentencias emitidas por la CIDH, las sentencias no han sido cumplidas por lo que Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega han presentado una solicitud formal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que analice las responsabilidades que se originan para el Estado tras la sentencia.

 

En su escrito solicitan la apertura de un expediente “Varios”, relativo a sus casos, mecanismo que aplicó la Corte en el caso "Rosendo Radilla", para que el gobierno mexicano aplicara la recomendación que emitió la CIDH para reparar el daño causado a él y su familia.

 

En el caso de Rosendo Radilla, la Corte estableció que las sentencias de la CIDH son obligatorias para todo el Estado en su conjunto y que de acuerdo con el artículo 1º constitucional, los jueces mexicanos deben aplicar directamente las normas emanadas de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

 

A esta solicitud se ha sumado la agrupación Amnistía Internacional, a través de su proyecto “Escribe por los Derechos” ( Write for Rigths) que tiene como uno de sus objetivo influenciar al líder de una nación para que proteja los derechos humanos de un individuo o grupos de individuos. En este caso es un llamado al Presidente Calderón para que proteja los derechos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega.

 

Este caso no tendría porque haber trascendido a la esfera internacional, pero el abuso y desinterés de las autoridades mexicanas provocó esta situación.

 

 

www.miabogadoenlinea.net