El pasado 30 de noviembre la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, promovido en contra de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por no haber designado aún a los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral (IFE).

 

La sentencia señala que a pesar de que en la Cámara de Diputados se han realizado acciones tendientes para nombrar a los consejeros, sigue existiendo una omisión al no haberse cumplido a la fecha con el mandato constitucional, contenido en el artículo 41, Base V, párrafos segundo y tercero, de la norma fundamental.

 

Así las cosas, el Tribunal Electoral resolvió requerir a la Cámara de Diputados, para que “proceda a celebrar los actos propios y necesarios tendentes a la designación de los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral” en el presente período de sesiones o en un período extraordinario, concluyendo el procedimiento ya iniciado, o bien, instaurando uno diverso, “ajustado al orden constitucional y legal sobre el tema”.

 

Aunque esta decisión no cambia el estado actual de las cosas, puede ser el primer paso para que después de un año de dimes y diretes por fin se designen a los consejeros electorales del IFE.

 

Desde el 2000 el Tribunal Electoral ha conocido de controversias relacionadas con la integración de los órganos electorales en 29 entidades federativas, y esta es la primera vez que tiene que conocer de este tipo de casos a nivel federal.

 

Hasta ahora sólo en el caso de Sonora no se dio cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral. En esa ocasión el Congreso no designó conforme a la resolución del Tribunal a los consejeros, a pesar de que se tramitaron cuatro incidentes de inejecución de sentencia, por lo que el Tribunal hizo efectivo el apercibimiento realizado al Congreso del Estado de Sonora, designando el pasado 2 de noviembre la Sala Superior del Tribunal a los tres consejeros de Sonora.

 

Tal vez en el caso del IFE se tenga que llegar a ese extremo, a fin de dar cumplimiento a la ley.

 

 

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