El pasado 11 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó reformar y adicionar la fracción XVII del artículo 381 del Código Penal Federal para especificar que la conducta sancionada es el robo no sólo de las partes integrantes de las vías o equipo ferroviario, sino también sobre el equipaje, equipo, mercancías o cualesquiera otros bienes que se transporten por tren.

 

De esta forma se intenta frenar el incremento de delitos contra el transporte de carga ferroviario que en México registra hasta 20 asaltos por día. Particularmente, se han visto incrementados los robos de bienes que son transportados por ferrocarril, tales como maíz, trigo, azúcar, oleaginosas, abarrotes, chatarra, material de vía y autopartes, entre otros bienes. Como ejemplo se destacó que 700 toneladas de maíz son robadas al mes en las rutas de ferrocarril.

 

Por la forma en que se realizan estos asaltos es evidente que se trata de una actividad ilícita del crimen organizado, con canales para la comercialización de los bienes sustraídos del ferrocarril.

 

Esta preocupación también existe en Nuevo León, estado en el que el día de ayer se presentó un proyecto de decreto para reformar el Código Penal del estado, para sancionar con penas que van de los 6 a 12 años de prisión y multa de 100 a mil cuotas, a quien “por cualquier medio utilizado se apodere de uno o varios objetos que constituyan parte de la mercancía o carga del transporte ferroviario, público o privado, sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de los mismos”.

 

Asimismo se sancionará a quien “sin haber participado en el robo, posea, detente, custodie, traslade, enajene, adquiera o reciba los instrumentos u objetos que formen parte de la mercancía o carga del transporte ferroviario, público o privado, a sabiendas de esta circunstancia.”

 

En la exposición de motivos se informa que la industria acerera, una de las principales en el estado, ha reportando robos a nivel nacional por más de 17 mil toneladas de producto transportado por el tren, ello tan sólo de enero a mayo de este año, cuantificado en cerca de 125 millones de pesos de acuerdo a la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero.

 

Son otras circunstancias, pero pareciera que estamos regresando 100 años atrás. El 13 de marzo de 1911, para frenar los ataques a los ferrocarriles por parte de los revolucionarios, el gobierno federal suspendió las garantías, entre otros, para los salteadores de caminos que atacaban los ferrocarriles y robaban sus cargamentos aplicando la pena de muerte en términos del artículo 23 de la Constitución de 1857.

 

Quizás ese es el enfoque que se debería dar a esta situación. En este siglo XXI la pena de muerte ya no existe, pero si se pueden suspender las garantías a las personas responsables de este y otro tipo de delitos que tienen inmersa a la sociedad en un ambiente de inseguridad.

 

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