En varias ocasiones hemos reportado la omisión por parte del Congreso de la Unión para emitir la Ley Federal de Justicia para los Adolescentes, lo que obliga a las entidades federativas a procesar a los adolescentes que cometen delitos federales, colapsando los sistemas locales de justicia.

 

Esta situación ha motivado que el Poder Legislativo de Nuevo León esté dispuesto a presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que el Gobierno Federal y el Congreso de la Unión asuman la responsabilidad que les corresponde en la expedición de un sistema de justicia integral para adolescentes.

 

Así, próximamente se presentará un punto de acuerdo para instruir a la Dirección Jurídica que se avoque a la elaboración de un proyecto de demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reclamando al Congreso de la Unión y del Poder Ejecutivo Federal, la omisión en la expedición de un sistema de justicia integral para adolescentes en el ámbito federal.

 

El sistema integral de justicia para adolescentes se estableció en nuestro país el 12 de diciembre de 2005, con la reforma al artículo 18 de la Constitución,  imponiendo a los estados y el Distrito Federal la obligación de generar las leyes, instituciones y órganos del sistema.

 

En cuanto a esta obligación surgió una controversia constitucional que terminó en la Suprema Corte de Justicia, la cual resolvió que la obligación de las entidades y el Distrito Federal para que se generaran las leyes, instituciones y órganos del sistema, inició el trece de marzo de dos mil seis y venció el doce de septiembre de ese año.

 

Pero también la Corte dejó en claro que al no citarse a nivel Federal un término “se desprende que la intención del legislador no fue fijar a la (Federación) un plazo, sino sólo a las legislaturas locales”

 

El 14 de agosto de 2009 el Congreso trató de subsanar esta omisión otorgándose un plazo de un año, a partir de esa fecha, “…para expedir las leyes y establecer las instituciones y los órganos que se requieran en el orden federal para la implementación del sistema de justicia integral para adolescentes.”

 

Pero ese término ya venció.

 

Y el proceso para crear esta ley literalmente ha sido un viacrucis. El 25 de abril de 2006 el Senado de la República aprobó el proyecto de Ley General de Justicia para Adolescentes, y pasó a Cámara de Diputados. Ese proyecto fue devuelto por la Cámara de Diputados el 26 de abril de 2007 con modificaciones, llamándole Ley Federal de Justicia para Adolescentes.

 

El 4 de septiembre de ese año se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, para su estudio y dictamen correspondiente, y conforme al artículo 72 inciso e), la discusión sólo podría ser sobre las reformas o adiciones aprobadas por los diputados, sin alterar los artículos aprobados por ambas cámaras.

 

A pesar de lo anterior, el 31 de marzo de 2009, el senador Jesús Murillo Karam presentó a la Cámara de Senadores una nueva propuesta de Ley Federal de Justicia para Adolescentes, misma que fue aprobada el 9 de diciembre de 2010 y enviada a la Cámara de Diputados para su discusión y posible aprobación, turnándose a Comisiones el 14 de diciembre de 2010.

 

La Cámara de Diputados también, ya que también se han dos nuevas iniciativas sobre la materia, una el 24 de mayo de 2010 y otra el 15 de marzo de 2011.

 

Pero mientras iniciativas y proyectos van y vienen, después de cinco años aun no contamos con un sistema integral de justicia para adolescentes a nivel federal.

 

 

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