En la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa de Ley Federal de Fomento a la Industria Vitivinícola, a fin de fortalecer esta industria y dar más incentivos por parte de las distintas dependencias del gobierno federal, así como una mayor difusión y distribución del vino mexicano.

 

La ley propone crear una Comisión Nacional Vitivinícola, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

 

La legislación también propone una certificación voluntaria  de los vinos, como distintivo de calidad, un Registro Nacional de Productores Vitivinícolas; el fomento al uso de energías renovables; la figura de vino orgánico, incentivos fiscales y programas específicos en beneficio de los productores vitivinícolas que se impulsarán desde la Administración Pública Federal, campañas públicas para la promoción y difusión del vino.

 

Asimismo, busca la coordinación de la Comisión con las distintas dependencias federales, especialmente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para procurar la creación de los incentivos fiscales necesarios para el impulso de este sector atendiendo las especificaciones y necesidades propias de la industria vitivinícola

 

Esta última es una de las principales preocupaciones  de la industria. A pesar de que genera más de siete mil empleos en una región del país, que el consumo nacional de vinos ha crecido del 2000 al 2009 184%, sin embargo, no son las empresas nacionales las que dominan este mercado, sino las empresas extranjeras, quienes son generadoras del 65 por ciento del vino que se consume en nuestro país, porque la carga fiscal de los vinos nacionales es excesiva, generando precios altos en el vino nacional .

 

Los factores que explican la desventaja en precios, es el efecto piramidal del IEPS, el IVA y el gasto administrativo de los productores vinícolas, que dependen en gran parte de insumos y tecnología extranjera.

 

México es quizá de los pocos países productores de vitivinícolas en el mundo, donde al vino no se le considera bebida fermentada, y por tanto debe pagar IEPS. En contraste, en países como Argentina y Chile, todas las bebidas, sean o no productos directos de destilación, que tengan 10 grados o más de alcohol en volumen, excluidos los vinos, son clasificadas como bebidas alcohólicas.

 

La iniciativa señala que con esta ley  México se equipararía a naciones como Argentina, Uruguay, España y políticas públicas equiparables a las que existen  en Estados Unidos, Chile e Italia por mencionar algunos.

 

Desde 2008 se ha intentado que se impulse la industria vitivinícola, después de 3 años de esfuerzos los vitivinicultores han puesto su tema en la mesa legislativa, pero si no incitan a que se pruebe esta ley, tal vez tengan que esperar tres años más, y quizá sea muy tarde.

 

 

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