Sebastiana lleva cuatro años en la cárcel, se le acuso de delitos contra la salud en su modalidad de transporte de cocaína. Ella es una indígena tzotzil, que no habla español.

Conforme al artículo 2 de la Constitución, los indígenas como Sebastiana deben acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

En el sistema de defensoría federal sólo existen 14 abogados con estas características, y en Chiapas, donde radica Sebastiana, sólo existe un abogado defensor que habla Tzotzil.

Así, a Sebastiana se le designó un abogado que no hablaba su lengua ni conocía sus costumbres, como consecuencia, la condenaron a diez años de prisión.

Un nuevo defensor público federal, Santos Sánchez Altunar, ha logrado llevar el asunto a la Suprema Corte, argumentando que se violaron las garantías de Sebastiana al no contar con una defensa adecuada, además pidió que se le liberara porque, en su caso, se había rebasado, en exceso, el tiempo para que se le juzgara y se le dictara sentencia.

Esto es un ejemplo claro de cómo en nuestro país se legisla con simpleza y no se establecen las medidas necesarias para llevar a los hechos una disposición.

Fuente: El Universal

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