El gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, presentó al Congreso local una iniciativa para eliminar la pena corporal a las mujeres que aborten, sustituyéndola por un “tratamiento médico integral en libertad en instituciones de salud pública".

 

La iniciativa propone modificar el 342 del Código de Defensa Social, para que a las mujeres que voluntariamente se causen un aborto o consientan que otro las haga abortar, se le impondrá un tratamiento en libertad y en instituciones públicas, “mismo que tendrá una duración no inferior a un mes, ni superior a un año, así como multa de cincuenta a 500 días de salario mínimo, o trabajo a favor de la comunidad, de 80 o 250 jornadas”.

 

En caso de que reincida, la mujer deberá someterse a un tratamiento médico integral y se le aplicará una pena de prisión de seis meses a un año.

 

El dar tratamiento médico a una mujer que ha sufrido un aborto es una medida que se prevé ya en los estados de Chiapas, Jalisco, Morelos, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, aunque cada entidad establece características distintas.

 

El Código de Defensa Social de Puebla vigente prevé una pena de seis meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar, si no tiene mala fama; ocultó su embarazo y no es fruto del matrimonio.

 

Faltando alguna de las circunstancias mencionadas, se le impondrán de uno a cinco años de prisión.

 

Aunque no se trata de una despenalización plena, si se logra esta reforma, será un avance para las mujeres que por alguna circunstancia tienen que vivir esta experiencia.

 

 

www.miabogadoenlinea.net