Desde el pasado 30 de septiembre el Grupo de Ayuda Mutua y Asesoría, propuso al Congreso de Tamaulipas que se promueva una iniciativa de Ley de Sociedades en Convivencia en el estado para otorgar derechos a las uniones entre personas del mismo sexo.

 

El documento expresa que "pedimos que la presente legislatura promueva una iniciativa de ley que permita que personas del mismo sexo puedan unirse como pareja de manera legal, a través de la ley de convivencia, que tendrá por objetivo generar las condiciones de seguridad legal y social a las parejas que han decidido convivir de esta manera".

 

A partir de esa fecha en el Estado se han presentado diversas reacciones, la última ha sido la de 40 pastores de iglesias evangélicas y cristianas de Ciudad Victoria, quienes acudieron al Congreso esta semana para solicitar a los diputados locales que no aprueben esta petición de la comunidad gay.

 

El documento entregado por los pastores contiene supuestamente  5 mil firmas en contra de una ley de convivencia.

 

Ambas posiciones son extremas, ya que una ley de convivencia no está dirigida exclusivamente para legalizar las uniones entre personas del mismo sexo, sino que va más allá, ya que reconoce legalmente aquellos hogares formados por personas sin parentesco consanguíneo o por afinidad, garantizando derechos como el heredar, tener acceso a protección social por parte de quienes por alguna razón comparten su existencia. Este tipo de sociedades es común entre adultos mayores y se ha impulsado entre los niños de la calle.

 

En el caso del Distrito Federal incluye derechos a la subrogación en el arrendamiento, a recibir alimentos en caso de necesidad y a la tutela legítima luego de dos años del registro, se adquiere también el derecho a ejercer legítimamente la tutela sobre la persona conviviente y sobre sus bienes (en caso de enfermedad grave o imposibilidad de gobernarse), de manera equivalente a los cónyuges.

 

Las sociedades en convivencia no sólo existen en el Distrito Federal sino también existen en otros estados como Coahuila.

 

Además, en el paquete de reformas y adiciones a la Ley del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que hace un año analiza el Senado se garantiza el derecho a la salud de los trabajadores asegurados unidos civilmente incluyendo en estas uniones a las sociedades de convivencia.

 

Es por ello que no hay que dejar llevarse por la intolerancia de una u otra parte y analizar con objetividad los beneficios y perjuicios de una ley de este tipo.

 

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