La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció como procedentes las pruebas de paternidad, cuando el presunto padre ha muerto, a fin de respetar el derecho a la identidad.

 

Los Magistrados señalaron que el derecho a la identidad comprende al derecho a tener un nombre, una nacionalidad y una filiación, vinculados al adecuado desarrollo de la personalidad y el derecho a la salud ya que la determinación de paternidad puede revelar información médica relevante en la prevención y/o tratamiento de enfermedades.

 

Sin embargo, este derecho se concede sólo para los efectos de determinar la verdad biológica, sin darle a la quejosa la oportunidad de reclamar los derechos derivados de la filiación, como el cambio de nombre y los derechos hereditarios, ya que se estarían afectando derechos de terceros.

 

A la persona que promovió el recurso de revisión que llevó a esta resolución, su madre le confesó que su verdadero padre no era el que la había reconocido y criado como hija. Tiempo después, el presunto padre biológico falleció y ella demandó la investigación de paternidad, misma que fue negada al haber fallecido el presunto padre.

 

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