La Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 373 del Código Penal del estado de Veracruz. Dicho artículo prevé el delito de “perturbación del orden público” y que entró en vigor el  pasado 21 de septiembre de 2011.

 

El artículo en cuestión dispone que “A quien por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros; de ataques con armas de fuego o de sustancias químicas, biológicas, o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando la perturbación del orden público se le impondrá de prisión de uno a cuatro años y multa hasta de quinientos a mil días de salario, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producida”.

 

En la acción de inconstitucionalidad, la CNDH señala que la disposición carece de los principios básicos de claridad, congruencia y precisión, ya que la conducta sujeta a sanción  no se precisa por lo genérico que resulta la frase “afirme falsamente”, así como tampoco se precisa el medio para demostrar dicha conducta al establecer “por cualquier medio” quedando al arbitrio del juzgador interpretar el alcance de esos conceptos.

 

Además, señala el organismo que “el destinario no estará en posibilidad de saber el motivo de esa prohibición, situación jurídicamente inadmisible e incompatible con un sistema o Estado de Derecho”.

 

La Comisión considera que la norma es contraria a los derechos de legalidad, seguridad jurídica, exacta aplicación de la ley penal y libertad de expresión tuteladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos tratados internacionales de los que nuestro país es parte.

 

Cabe recordar que la reforma fue motivada por la histeria colectiva que se generó en la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río al divulgarse por la red social Twitter supuestas amenazas y ataques del crimen organizado en las escuelas de la conurbación.

 

Veracruz no es el único estado que ha promovido sancionar estas conductas, también lo ha hecho Tabasco, aunque aparentemente hasta el momento no ha publicado dicha reforma en su periódico oficial, y en los estados de Hidalgo y Coahuila igualmente existen iniciativas para legislar sobre la materia.

 

En un comentario anterior, hemos destacado que esta conducta es sancionada en países como Ecuador, Puerto Rico, Uruguay, Chile ya sea porque activan los servicios de emergencia, provocando una desviación en los recursos técnicos y humanos que causan un daño al impedir que esos servicios de emergencia atiendan oportunamente casos reales; o porque se ocasiona alarma o se altera el orden público a través de la divulgación dolosa de noticias falsas.

 

Y esa regulación se debe a que la libertad de expresión tiene límites, no es absoluta. Y estos límites están previstos en la Constitución, como indica la primera parte del artículo 6: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público”.

 

Los tratados internacionales de los que México es parte también establecen límites a la libertad de expresión. Por ejemplo, el párrafo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos indica que “ El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente(libertad de pensamiento y de expresión) no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.”

 

La Suprema Corte definirá si ésta y otras disposiciones que tal vez surjan en lo que se resuelve la acción de inconstitucionalidad, regulan los límites  de la libertad de expresión. La decisión la conoceremos hasta dentro de siete meses aproximadamente.

 

 

www.miabogadoenlinea.net