En las noticias de la semana pasada se perdió el hecho de que la madrugada del jueves en Monterrey, Nuevo León, marinos ingresaron al domicilio del Diputado Federal Eduardo Bailey Elizondo.

 

El diputado denunció que la madrugada del jueves 15 de septiembre, alrededor de 30 marinos, que se transportaban en seis camionetas, rodearon su casa y derribaron la puerta con arietes, sometieron a su esposa y a sus hijos de 14 y 16 años, y mientras unos vigilaban a la familia, otros cateaban la casa sin dar explicación alguna, “obviamente con la prepotencia que a veces caracteriza a este tipo de maniobras”.

 

Al final, se disculparon diciendo que había sido un error y que el operativo se debía "...a una llamada anónima donde se había reportado una fiesta en la que había hombres armados”.

 

Los cateos ilegales se presentan con mayor frecuencia de la que desearíamos en la lucha contra el crimen organizado.

 

Tan es así que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigió a la Secretaría de Gobernación, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad Pública Federal, Procuraduría General de la República, Procuraduría General de Justicia Militar, y a los gobiernos estatales y sus organismos de seguridad locales, una recomendación sobre la práctica de cateos ilegales.

 

La CNDH considera que los cateos ilegales son “una práctica común de los elementos que integran los diversos cuerpos policiales y las fuerzas armadas en auxilio a las labores de seguridad pública.”

 

En esa recomendación se destaca que en estos incidentes se transgrede el derecho a la inviolabilidad del domicilio, se ejerce violencia física y psicológica/emocional contra los habitantes de los domicilios que allanan; se les lesiona, se realizan detenciones arbitrarias, se sustraen objetos de valor y/o dinero, se alteran pruebas y, con frecuencia, se ocasionan daños en el patrimonio del ocupante del domicilio.

 

La problemática que presentan los cateos ilegales principalmente son dos. Primero, la ausencia de una orden de cateo expedidas por autoridad judicial, a solicitud del Ministerio Público que cumpla con los siguientes requisitos: a) que conste por escrito y sea emitida por autoridad competente que la funde y la motive; b) que exprese el lugar que ha de inspeccionarse, los objetos o personas que se buscan; c) que precise la materia de la inspección, y d) que se levante un acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o, en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

 

En segundo término, los cateos se realizan justificándolos en una denuncia anónima o, por el uso de instrumentos electrónicos, cayendo al final en una supuesta flagrancia.

 

La flagrancia es cuando el delito se está cometiendo en el momento, por lo que la autoridad no requiere necesariamente orden de cateo para introducirse en el domicilio, pero en este caso también se debe de contar con datos ciertos o válidos que justifiquen entrar al domicilio sin orden y que deben presentarse en el proceso para que el Juez tenga elementos que le permitan llegar a la convicción de que efectivamente se trató de flagrancia.

 

Paro en estos operativos, existe un ingrediente adicional.

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido una serie de tesis jurisprudenciales a partir de una controversia constitucional, que regulan la participación de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública.

 

Señala la Corte que el artículo 129 constitucional considera que las fuerzas armadas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles, cuando éstas soliciten su apoyo, por lo que constitucionalmente están facultados para actuar en materias de seguridad pública en auxilio de las autoridades competentes, pero esta actuación debe realizarse respetando las garantías individuales, estableciendo, incluso, a través de los organismos competentes, una estrecha vigilancia para que se actúe del modo especificado

 

Y también establece que la actuación de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública  de ningún modo pueden hacerlo "por si y ante si", sino que es imprescindible que lo realicen a solicitud expresa, fundada y motivada, de las autoridades civiles y de que en sus labores de apoyo se encuentren subordinados a ellas y, de modo fundamental, al orden jurídico previsto en la Constitución, en las leyes que de ella emanen y en los tratados que estén de acuerdo con la misma, atento a lo previsto en el artículo 133 constitucional.

 

Las Fuerzas Armadas deben de actuar subordinadas a las autoridades civiles, con apego al marco jurídico y no “..pueden hacerlo ‘por si y ante si’…“ dicen las tesis de la Corte.

 

Pero se presentan operativos o cateos a los que no asiste ninguna autoridad civil; situaciones en las que los policías entregan a los militares los detenidos; convoyes de las fuerzas armadas y especialmente de la marina, con números de identificación intencionalmente ocultos.

 

Mientras estas acciones que supuestamente realiza el Estado para protección de los ciudadanos se realicen violando la ley, las pruebas obtenidas carecerán de existencia legal y eficacia probatoria, y continuarán las quejas de que los agarran y los agarran y los sueltan y los sueltan.

 

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