La revista TV Notas de la semana pasada publicó en su portada las imágenes de quienes se presume son Carlos Loret de Mola y María Sonia Laura González Martínez mejor conocida como "Laura G", saliendo de una cabaña ubicada en Marquesa Tenango kilómetro 7, San Pedro Atlapulco, Municipio de Ocoyoacac, Estado de México, señalando en la nota que “…durante seis horas, la pareja estuvo encerrada, a solas…”

 

La revista TV Notas se ha distinguido por presentar notas de este tipo, es decir, que invaden la intimidad de las personas, como es el caso de la actriz y cantante Mariana Ochoa a la que video grabaron en una conversación privada, en la que comentaba los motivos de su divorcio.

 

La solidaridad de los periodistas no se ha hecho esperar, especialmente de aquellos relacionados de alguna forma con Televisa y Radioformula, empresas en las que Carlos Loret presta sus servicios.  Todos los comentarios tienen en común que esto se considera una violación a la vida privada del conductor de Primero Noticias, que daña además a su familia, esposa e hijos.

 

El derecho a la vida privada, a la privacidad o a la intimidad es un derecho humano por el cual se tiene la facultad de excluir o negar  a las demás personas el conocimiento de ciertos aspectos de la vida de una personas, que solo a esta incumben.

 

En nuestro país los expertos señalan que la tutela de este derecho se desprende de los artículos 6, 7 y 16 de la Constitución Política mismos que establecen como límite de la libertad de expresión el respeto a los derechos de terceros, que la libertad de imprenta tiene como límite el respeto a la vida privada, y que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones salvo mandato de autoridad competente.

 

El problema es que, a diferencia de los límites que impone el artículo 16, los límites  a la libertad de expresión y la libertad de imprenta en nuestro país no resultan claros ya que se sanciona el exceso de tal derecho única y exclusivamente cuando lleva consigo la comisión de un delito, como pudiera ser difamación, calumnias, injurias graves, pero no así cuando la sola expresión de las ideas provoca otro tipo de conflictos que indudablemente atañen a la individualidad de la personas, como pueden ser problemas familiares o patrimoniales por  poner en entre dicho a la víctima

 

Los límites del derecho a la privacidad han sido propuestos por el Poder Judicial de la Federación en distintos casos, destacando el amparo promovido por Martha Sahagún en contra de la periodista Olga Wornat y la revista Proceso, en una demanda por daño moral.

 

Ahí se establece que el  personaje público, voluntariamente se ha expuesto al escrutinio público por lo que es menor la  resistencia a la intromisión a sus derechos de la personalidad ya que su posición conlleva a un mayor interés en sus acciones o conductas, “…pero es necesario en cada caso considerar cuál es esa proyección dentro de la comunidad, así como la propia modulación que estos personajes tengan en relación con la exposición de su vida...” ya que algunas personas comparten en los medios de comunicación o con un círculo amplio de personas anónimas, informaciones que en el caso de otras quedan inscritas en el ámbito de lo que desean preservar del conocimiento ajeno e incluso, en ocasiones utilizan con fines económicos estos datos

 

Así, una tesis aislada de jurisprudencia señala que DERECHOS A LA PRIVACIDAD, A LA INTIMIDAD Y AL HONOR. SU PROTECCIÓN ES MENOS EXTENSA EN PERSONAS PÚBLICAS QUE TRATÁNDOSE DE PERSONAS PRIVADAS O PARTICULARES.

 

Dicha tesis establece que las personas públicas o notoriamente conocidas son aquellas que, por circunstancias sociales, familiares, artísticas, deportivas, o bien, porque han difundido hechos y acontecimientos de su vida privada, o cualquier otra situación análoga, tienen proyección o notoriedad en una comunidad y, por ende, se someten voluntariamente al riesgo de que sus actividades o su vida privada sean objeto de mayor difusión, así como a la opinión y crítica de terceros, incluso aquella que pueda ser molesta, incómoda o hiriente. En estas condiciones, las personas públicas deben resistir mayor nivel de injerencia en su intimidad que las personas privadas o particulares, al existir un interés legítimo por parte de la sociedad de recibir y de los medios de comunicación de difundir información sobre ese personaje público, en aras del libre debate público. De ahí que la protección a la privacidad o intimidad, e incluso al honor o reputación, es menos extensa en personas públicas que tratándose de personas privadas o particulares, porque aquéllas han aceptado voluntariamente, por el hecho de situarse en la posición que ocupan, exponerse al escrutinio público y recibir, bajo estándares más estrictos, afectación a su reputación o intimidad.

 

Pero este principio no es absoluto ya que la propia Corte indica que se debe tener en consideración en cada caso, la proyección que esa persona tiene dentro de la comunidad, así como en que medida estos personajes han expuesto su vida privada al escrutinio público, ya que algunos personas comparten en los medios de comunicación o con un círculo amplio de personas anónimas, informaciones que en el caso de otras quedan inscritas en el ámbito de lo que desean preservar del conocimiento ajeno e incluso, en ocasiones utilizan con fines económicos estos datos.

 

La Primera Sala también establece que interés público no es sinónimo de interés del público, por lo que la curiosidad o el interés morboso no justifican el interes público, por lo que no es exigible a una persona que soporte pasivamente la difusión periodística de datos tan relevantes sobre su vida privada, cuando su conocimiento es trivial e indiferente para el interés o debate público.

 

Bajo estos criterios, la publicación de las fotografías en las que supuestamente aparece Carlos Loret, puede ser cuestionado por la vía legal, aplicando para tales efectos las disposiciones del Código Civil del Distrito Federal y la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal.

 

Para nosotros este caso es una deformación de la labor periodística en la que se exhibe públicamente a una persona con la clara intención de someterlo a la crítica social, más allá del reporte equilibrado y veraz de un hecho. Tal vez de esta experiencia los medios en general regresan a informar los hechos y no deformarlos ejerciendo juicios de valor que convierten a una persona en culpable

 

 

www.miabogadoenlinea.net