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El pasado 6 de septiembre de 2011 se publicó el decreto por el que se crea la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos cuyo objeto será brindar atención a las víctimas u ofendidos de delitos, por sí misma o en coordinación con instituciones especializadas.

 

Pero aunque la intención de la creación de esta nueva entidad puede ser pausible, presenta varios problemas que pueden afectar su desempeño.

 

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece responsabilidades a cargo de esa institución en relación con las víctimas u ofendidos del delito y el reglamento de la citada ley le confiere a la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, el ejercicio de esas facultades. 

 

Pero el decreto señala que los recursos materiales, técnicos y humanos que tanto la PGR como la SSP destinaban a la atención a víctimas, pasan a la Procuraduría Social, y lo mismo sucederá con las áreas de otras entidades del gobierno que también den atención  a víctimas, previo diagnóstico.

 

De ser así, la PGR dejará de cumplir con un mandato de Ley, que sólo puede ser modificado por el Congreso de la Unión, pudiendo el Procurador General de la República incurrir en responsabilidad administrativa.

 

Asimismo, al conferirse a la Procuraduría Social dar a las víctimas u ofendidos de delitos los subsidios o ayudas previstos en los programa, es reconocer que existe una responsabilidad del Estado que da origen a una indemnización por una actuación irregular de la administración pública, con las consecuencias legales que esto implica.

 

Por otra parte, resulta extraño que se cree un organismo descentralizado que apoyará a las víctimas para impulsar la actuación de la Procuraduría General de la República, cuando lo que se debería de estimular es la actuación eficiente por parte del Ministerio Público Federal en la atención que se da a las víctimas u ofendidos del delito.

 

Finalmente, en materia laboral el decreto es inconstitucional, ya que existe jurisprudencia de la corte que establece que las relaciones laborales con el personal de los organismos descentralizados deben regirse por el apartado A del artículo 123 constitucional y no el apartado B.

 

Resulta paradójico que hace unos días el Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, se negó a dotar de los recursos suficientes a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, con el argumento de que hay que evitar estructuras burocráticas innecesarias, y por el otro lado se cree una nueva entidad, que de origen nace viciada, al duplicar las actividades de otras entidades de la administración pública federal.

 

Veremos si este nuevo aparato burocrático a pesar de sus defectos, da una mejor atención a la ciudadanía afectada por la delincuencia.

 

 

 

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