El día de ayer en la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río, desde muy temprana hora empezaron a surgir rumores sobre ataques a estudiantes y escuelas, lo que generó pánico generalizado en la población y la semiparalización de las actividades cotidianas de la ciudad.
De acuerdo con las autoridades, específicamente con la llamada policía cibernética, los rumores se esparcieron a través de las redes sociales, particularmente Twitter, lo que llevó a indagar la fuente de esta información y a la detención de dos personas por su presunta responsabilidad en la difusión de rumores sobre atentados a planteles escolares a través de redes sociales.
El procurador de Justicia del estado, Reynaldo Escobar Pérez declaró que la Dirección General de Investigaciones Ministeriales se encarga de los interrogatorios de los detenidos y que sus primeras declaraciones permitieron ubicar a más personas que participaron en el origen y propagación de los falsos rumores.
El procurador Escobar Pérez señaló que los detenidos podrían ser acusados de terrorismo con fundamento en el artículo 311 del Código Penal para el Estado de Veracruz que a la letra dice:
“A quien utilizando explosivos, substancias tóxicas, armas de fuego o por incendio, inundación o por cualquier otro medio realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público, que produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del Estado o presionar a ésta para que tome una determinación, se le impondrán de tres a treinta años de prisión, multa hasta de setecientos cincuenta días de salario y suspensión de derechos políticos hasta por cinco años."
“A quien, conociendo las actividades de un terrorista y su identidad, no lo haga saber a las autoridades se le impondrán de uno a nueve años de prisión y multa hasta de ciento cincuenta días de salario”.
El enfoque que se está dando a este incidente resulta novedoso, ya que situaciones similares que se han presentado en otras ciudades del país no habían recibido esta respuesta. Ahora el ministerio público deberá presentar ante el juez un caso muy bien estructurado para probar el tipo penal y la responsabilidad de los sospechosos.
Aunque muchos ciudadanos alzaron su voz en contra argumentando una supuesta libertad de expresión y derecho a la información, éstos, como cualquier otro derecho, tienen sus límites.
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