Hace cinco meses la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisó los incidentes de inejecución de sentencia en contra del gobierno del Distrito Federal, por no cumplir con más de trescientas sentencias de amparo a favor de igual número de ciudadanos, en los que se ordena al gobierno del Distrito Federal devolver las contribuciones y aprovechamientos pagados por los contribuyentes, que ascienden a casi 500 millones de  pesos

 

Esta semana se notificó oficialmente a la Tesorería del Distrito Federal esa  resolución, pero la Tesorería insiste en la posición de que no cuentan con recursos para dar cumplimiento.

 

Ese argumento fue expuesto a la Corte en marzo de este año, informando la Tesorería al Tribunal que  “resulta material y jurídicamente imposible dar cumplimiento a las ejecutorias de amparo materia de los incidentes de inejecución… mediante la devolución en numerario a través de cheque nominativo a favor de los quejosos” toda vez que no cuenta con recursos en la partida del presupuesto destinada para ese pago.

 

Los Ministros por unanimidad rechazaron la posición de la tesorería y acordaron otorgar a las autoridades capitalinas un término de diez días hábiles para que realicen las adecuaciones presupuestales necesarias y diez días hábiles más para que paguen.

 

A pesar de que la Corte ya revisó esos argumentos, la Tesorería nuevamente insiste: “Lo que estamos haciendo con la Corte es explicarles esta situación que enfrenta el presupuesto de la ciudad, que esta partida ya está superada, agotada con las primeras devoluciones que se pagaron al inicio del año y entonces, digamos, estamos viendo con ellos el tema de si se requeriría que la propia Asamblea hiciera una ampliación o ver de dónde fondear los recursos”, señaló un vocero de ese organismo.

 

El Distrito Federal tiene como opción para cumplir las ejecutorias realizar transferencia de recursos de partidas no etiquetadas o comprometidas por disposición de la ley, o en caso de no existir tal posibilidad, requerir a la asamblea Legislativa una ampliación del presupuesto.

 

Si los funcionarios no demuestran que se están tomando acciones que garanticen el cumplimiento de las sentencias, a satisfacción de la Corte, podrían ser destituidos y enfrentar un proceso penal por desacato.

 

El fenómeno de incumplimiento de las sentencias de amparo es cíclico y al parecer los ministros de la Corte están llegando al limite de su paciencia, ya que han destacado que es una obligación constitucional de las autoridades garantizar la plena ejecución de las sentencias de amparo, y no consideran que no se puede utilizar una ley secundaria como obstáculo para cumplir con las sentencias.

 

Tal vez en los próximos meses la Corte empiece a ejercer sus facultades y destituya a funcionarios públicos, consignándolos ante las autoridades a consecuencia de estos incumplimientos, porque al D.F. se le están agotando los argumentos, ya que han contado en su momento con los recursos como los derivados del programa de condonación d emultas y recargos, pero los han destinado a otros conceptos.

 

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