El pasado 7 de junio fue detenido en Quintana Roo Pablo Salazar Mendiguchía, quien fuera gobernador del estado de Chiapas de 2000 a 2006, acusado de de los delitos de peculado y asociación delictuosa.

Algunos días antes de esta detención ocho familias acudieron ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para presentar una queja por el fallecimiento de sus hijos recién nacidos en 2002, siendo gobernador Salazar Mendiguchía, en el Hospital Regional del municipio de Comitán.

En atención a esta queja, la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas solicitó este lunes pasado el cumplimiento de una recomendación expedida sobre este caso por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, a fin de deslindar responsabilidades.

De acuerdo con el comunicado de prensa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, en 2003 la CNDH atrajo el caso de los recién nacidos fallecidos y en su recomendación 24/2004 manifestó que a estas familias no se les proporcionó una adecuada prestación del servicio público de salud y tampoco se les otorgó una adecuada procuración de justicia, por la demora en que incurrieron los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, lo que dejó a estas personas en  estado de indefensión.

En el 2004 la CNDH emitió como recomendaciones al gobernador Salazar Mendiguchía que se indemnizara respecto de los daños y perjuicios causados a los familiares de 8 de los recién nacidos fallecidos y que instruyera al Procurador General de Justicia para integrar las 26 averiguaciones previas iniciadas con motivo de los fallecimientos registrados en diciembre de 2002, además de que se diera vista a la Contraloría General de Chiapas para iniciar el procedimiento administrativo de investigación en contra de los agentes del Ministerio Público encargados de la integración de las averiguaciones previas para que se determinara la responsabilidad administrativa en que incurrieron por la inadecuada procuración de justicia a los familiares de los recién nacidos.

Como resultado de la queja presentada en mayo de este año, la Comisión de los Derechos Humanos de Chiapas, con fundamento en el artículo 55 de la Constitución de ese estado en que se le faculta para velar por el cumplimiento de las recomendaciones que organismos de derechos humanos emitan, especialmente aquellas en donde se determine una reparación del daño, solicita al gobierno actual que cumpla la recomendación de la CNDH y a la vez recomienda al ejecutivo la realización de una investigación profunda con el fin de deslindar la responsabilidad legal de Pablo Salazar Mediguchía como gobernador del período en que se emitió la recomendación.

Para la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, Salazar Mendiguchía tenía el deber inalienable de cumplir y hacer cumplir las leyes en materia de salud Estatal y Federal, los tratados internacionales, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Chiapas, y la Constitución General y local y al no haber tomado acciones inmediatas al momento de efectuarse más de tres muertes de bebés en el mismo lugar y por las mismas posibles causas, podría tener responsabilidad en el delito de homicidio culposo de los por lo menos 17 recién nacidos fallecidos de que existe abierta averiguación previa.

Así que la lista de delitos que se le imputan al ex gobernador podría aumentar de cumplirse esta recomendación e iniciar la averiguación profunda del caso para fincar las responsabilidades correspondientes.

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